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Sólo en el Hospital Gineco Obstétrico Jaime Sánchez Pórcel, más conocido como Hospital de la Mujer, se atendieron 18 casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante la gestión pasada.

La interrupción legal surge cuando el embarazo es producto de una violación, el feto presenta malformaciones congénitas incompatibles con la vida o la gestación significa un peligro para la vida de la madre.

En el Hospital de la Mujer, se realizaron 18 interrupciones legales. De esa cifra, dos fueron embarazos producto de una violación, lo que representa el 11%; diez por malformaciones congénitas (56%) como la anencefalia (falta de desarrollo del cerebro), entre otros; y los restantes seis (33%) por riesgo en la vida de la madre.

En lo que va de la gestión 2019, se interrumpieron legalmente tres embarazos, dos por malformación genética y uno por violación. “Como hospital de tercer nivel nos compete, pero también la normativa establece que todo el sistema de salud puede (atender estos casos), siempre y cuando tenga todas las características para apoyar a la gestante, en personal, equipamiento”,  manifestó la directora del hospital de la Mujer, Maria Elena Ponce.

PROCEDIMIENTO

Una vez recibida la solicitud de interrupción, la dirección del hospital convoca a una junta médica. En el caso de malformaciones congénitas, se requiere el informe médico que respalda el requerimiento y se procede con la internación de la paciente. La norma establece que se tiene un plazo de 24 horas para ejecutar la interrupción.

De similar forma, se procede en casos de embarazos producto de violación e incesto, donde también intervienen las defensorías (porque en la mayoría de los casos son menores de edad) y con la aceptación de la paciente, solicitan la interrupción, dijo Ponce. También es legal cuando –en caso de seguir con el embarazo–la vida de la madre corre riesgo, para lo que también se requiere un informe médico. Ponce citó entre ellos a pacientes que reciben tratamientos oncológicos, que tendrían que ser suspendidos en caso de proseguir con la gestación.

En pasados días, causó revuelo el caso suscitado en el hospital Jaime Mendoza de Sucre, donde el jefe interino del Servicio de Ginecología y Obstetricia se negó atender un aborto legal amparado en la objeción de conciencia, aspecto que se aplica “a una persona, pero no a una institución”, según Ponce, citando la norma.///