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Un congreso cívico realizado ayer en el municipio de San Ignacio de Velasco (Santa Cruz), donde se desató un conflicto por la distribución de tierras que supuestamente beneficia a comunidades del interior del país afines al partido de Gobierno, exige al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) anular la dotación de 130.000 hectáreas de tierras fiscales entregadas a 69 comunidades porque el proceso de distribución no cumple la Constitución Política del Estado (CPE).

Autoridades como los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, así como el director del INRA, Juan Carlos León, fueron invitados al congreso, pero no asistieron. El presidente del Comité Cívico de San Miguel, Albino Tosube, informó que dichas autoridades, a través de una carta, solicitaron iniciar una mesa de trabajo para analizar los “temas pendientes que tenían ellos con nosotros, reconociendo que hay un trabajo que ellos tienen que hacer con San Miguel”.

En consecuencia, el congreso determinó conformar una comisión de defensa de la tierra con la participación de autoridades e instituciones de San Miguel y de otras zonas que hubieran sido afectadas por un conflicto similar.

Esta comisión se reunirá el próximo 2 de abril y espera la participación del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y del director del INRA, Juan Carlos León. En caso de que dichas autoridades no asistan al encuentro, la población migueleña procederá al bloqueo de caminos en toda la Chiquitanía a partir de las cero horas del miércoles 3 de abril.

Tosube indicó que los pobladores de este municipio gestionan durante varios años la dotación de tierras fiscales, mientras que comunidades del interior del país llegan ocupar dichos predios con resoluciones de asentamiento aprobadas por el INRA.

Al respecto, Juan Carlos León, director nacional del INRA, informó el pasado miércoles que la dotación en San Miguel se efectuó a 69 comunidades, de las cuales 18 son de este municipio y otros aledaños, por lo que desmiente una actitud discriminatoria e ilegal. Dijo que unas 100 carpetas de pobladores de San Miguel fueron rechazadas porque éstos solicitaron la dotación de modo individual, aspecto que está prohibido por ley.

Una de las resoluciones del congreso realizado ayer en San Miguel exige al gobernador Rubén Costas convocar e instalar la Comisión Agraria Departamental para supervisar la ejecución de políticas de tierras, dictaminar sobre las áreas que proponga dotar el INRA y efectuar “el seguimiento al proceso de saneamiento técnico-jurídico de la propiedad agraria, que lleva adelante el INRA en el departamento de Santa Cruz”.///