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A propósito de la aprehensión del exministro Edwin Characayo, acusado de recibir soborno, la Fundación Tierra urgió a las autoridades a que de inmediato se intervenga el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y se paralicen los trámites de asentamientos con antecedentes de tráfico de tierras.

En su carta abierta, la Fundación denunció que el tráfico de tierras se intensificó desde el año 2011 y mencionó que un consorcio llamado “INRA paralelo”, conformado por exfuncionarios y funcionarios públicos, se dedicó a falsificar expedientes agrarios y “blanquear” antecedentes jurídicos para entregar tierras de los bolivianos (tierras fiscales) al mejor postor. 

“En lugar de encarcelar a este grupo delincuencial, los denunciantes, entre ellos Juan Carlos Rojas y Alejandro Almaraz, fueron alejados de sus cargos públicos”, observó.

Asimismo, indicó que el INRA entre las gestiones 2014-2019 firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz, pero en lugar de transparentar, se ocultó sistemáticamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios, dónde están estas tierras y qué extensiones tienen. 

La Fundación Tierra sostiene que en los hechos, muchas son “comunidades fantasmas” en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales.

Recordó que en el pasado, la misma entidad denunció que el gobierno de Jeanine Añez entregó más de 34 mil hectáreas a la familia de su ministro de Economía, Branko Marinkovic, en un proceso agrario llevado a cabo en tiempo record, vulnerando el debido proceso técnico y jurídico.

Lamentó que, al respecto, las autoridades mantienen una actitud pasiva, incumpliendo así sus funciones de hacer cumplir la ley.

En ese marco, la Fundación Tierra planteó la: “Intervención inmediata del INRA para iniciar una auditoría de alto nivel de todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz”.

También pidió proceder al desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales, en todos los casos donde existan Resoluciones de Desalojo que obligan a las autoridades del gobierno nacional a usar incluso la fuerza pública para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos.

La tercera recomendaron es “paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite constitucional de 5 mil hectáreas”.

Por último, la institución llamó a que el Poder Ejecutivo y Legislativo nombren un Director Nacional Titular del INRA, en cumplimiento de la ley de tierras que señala que el Presidente debe nombrar al Director a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados.