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Atrás quedó la imagen del hacendado dueño de hectáreas incalculables. Ahora, la propiedad de la tierra en el país se centra en tres sectores: los interculturales, los indígenas y campesinos, que tienen un 55% de los predios que fueron saneados en Bolivia.

Según datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), los campesinos e interculturales poseen 23,2 millones de hectáreas. La cifra representa un 27% de los predios titulados. Siguiendo la estructura de la tenencia, las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y los Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC), compuestos por indígenas de tierras altas y bajas, tienen 23,9 millones de hectáreas, el 28% del total. En la cola se ubican los empresarios y medianos productores que, entre ambos, cuentan con 11,8 millones hectáreas, un 14% de los 85,6 millones de hectáreas tituladas entre 1996 y 2018.

Por último, según el INRA, un 31% (26,6 millones) de los predios corresponden a tierra fiscal.

Tensión por tierras

La tenencia de la tierra se volvió foco de conflicto en Santa Cruz, por el asentamiento de 69 comunidades, que conforman unas 2.400 familias, en 130.000 hectáreas del municipio de San Miguel de Velasco, ubicado en la mancomunidad de pueblos chiquitanos. En la comuna, las autoridades cívicas y municipales califican de ilegal el asentamiento por no cumplir el artículo 43 de Ley 1715, que sostiene que “la dotación será en favor de quienes residan en el lugar”.

Germaín Caballero, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Chiquitania, y alcalde del municipio de San José, recordó que esa norma incluso obliga a coordinar con las autoridades locales los nuevos asentamientos.

Para él, la política de distribución deja de lado la calificación del suelo. “Áreas forestales, las asignan como agrícolas”, dijo.

Caballero considera que la política de dotación de tierras del INRA responde a un plan sistemático de ocupación de la región chiquitana, más con fines políticos que productivos. Recordó que entre 2013 y 2018, se registraron asentamiento en San José, en Concepción, San Ignacio y Roboré. En la mayoría de esos lugares se ocuparon áreas protegidas como la reserva forestal de Copaibo, Bajo y Alto Paraguá, y un área colindante a la reserva del Valle de Tucavaca, en Roboré. A la fech, según Caballero, hay más de 1.000 comunidades del interior dispersadas en todos los municipios de la Chiquitania

Caballero denunció que algunas no cumplen con la Función Económica y Social (FES). Por ejemplo, detalló que en su municipio, de las 40 comunidades instaladas en 2013, mediante una resolución del INRA, solo 25 están produciendo y el resto no.

“Algunos dirigentes se prestaron al tráfico de tierras. Hay intermediarios, políticos en el Gobierno, que usando su nivel de influencia con el INRA facilitan el acarreo de esas personas”, dijo. Por eso, toda la mancomunidad de municipios solicitó, de manera formal, auditar el proceso de saneamiento en esa región.

Además, la autoridad observó que unas 700 comunidades, entre indígenas y campesinas chiquitanas, esperan desde hace 15 años el saneamiento de sus predios, pero sin un resultado positivo.

“No estamos en contra de una redistribución de tierra, sino en que no se cumpla lo que establece la misma Ley INRA; muchos hermanos chiquitanos tienen carpetas esperando, pero no tienen preferencia”, afirmó.

De acuerdo a la Fundación Tierra en toda la región de la Chiquitania se están distribuyendo más de 2,5 millones de hectáreas.

Juan Carlos León, negó la ilegalidad de la dotación de la tierra en San Miguel. Incluso aseguró que un 40% de la gente que recibió tierra en San Miguel es nativa del lugar.

“Tenemos 18 comunidades indígenas, que están afiliadas a la Cidob, también hay campesinos del lugar”, sostuvo. Sobre las denuncias acerca del tráfico de tierras, admitió la existencia de 90 casos en donde el INRA actuó como parte acusadora.

Reveló que incluso muchas de esas personas llegaron a falsificar documentación de organizaciones indígenas y que han usado la figura del ‘traspaso’ de predios para realizar esa actividad ilícita.

Con el objetivo de evitar casos como esos, señaló que se reforzará el equipo legal de la entidad.

Campesinos sindicalizados Demetrio Zeballos, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos Santa Cruz, levantó el pulgar a la política de dotación de tierras que lleva adelante la entidad estatal.

“Se están dotando tierras fiscales, y no reservas como dice la derecha. Pero se deben realizar ajustes, hay un poco de retraso al otorgar las resoluciones”, dijo. En la actualidad, para Zeballos “hay miles de comunidades” que “ahora trabajan tierras ociosas”.

“En especial en la Chiquitania y en Guarayos”, matizó. El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Hernán Avila, cuestionó la política de distribución porque alcanza solo a los campesinos o indígenas nativos.

“Hay una finalidad política, por un lado, y por otro se busca ampliar la frontera agrícola en una zona muy delicada de la Chiquitania”, sostuvo el experto.

Por último, calificó el asentamiento como una colonización de gente ligada o afín al Gobierno.///