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Luego que el Ministerio Público retirara el pasado 5 de febrero la acusación en el denominado caso terrorismo y el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dictara sentencia absolutoria para 33 acusados, la senadora Carmen Eva Gonzales anunció que presentará la denuncia contra varios fiscales, jueces técnicos, jueces ciudadanos y jefes policiales que participaron en este caso.

Anticipó que formalizará la denuncia ante la Fiscalía de La Paz porque ahí comenzó todo el operativo que duró once años, violando derechos humanos de los acusados, destruyendo varias familias porque los acusados fueron llevados a la cárcel por orden del gobierno en complicidad de varios operadores de la justicia.

La senadora identificó al fiscal Marcelo Soza quien formalizó la imputación y al último fiscal Marco Antonio Rodríguez que durante el gobierno del MAS defendió la acusación de Soza, negoció cinco juicios abreviados y, por último, retiró su misma acusación ante la falta de pruebas.

Citó también a la exjuez del caso Betty Yañíquez, actual diputada del MAS, por haber validado todas las actuaciones ilegales del exfiscal Soza en la fase de instrucción y al último juez de la causa Sixto Fernández. Además planteó la necesidad de identificar al Comandante General de la Policía de este entonces que permitió que los policías de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) cumplieran la ejecución sumaria de tres extranjeros en el hotel Las Américas.

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El Ministerio Público retiró la acusación luego que el 20 de enero el Ministro de Gobierno Arturo Murillo desistiera de los cargos contra los implicados, aduciendo que este proceso fue un montaje del MAS, para supuestamente desarticular una célula terrorista extranjera traído por opositores cruceños para impulsar la división del territorio nacional.

Gonzales recordó que la comisión de fiscales de La Paz fundamentó su decisión de retirar acusación por el hecho de que el exfiscal Marcelo Sosa fue condenado a 12 años de cárcel por un delito emergente del trabajo de investigación vinculado al uso indebido de influencias y concusión propia por haber obtenido dinero o ventaja ilegítima.

También porque la juez ciudadana Sonia Mamani Vargas presentó a mediados de enero su renuncia; porque el Ministerio de Gobierno retiró su acusación; y por último, porque existe una denuncia formal en contra del exministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz por el delito de malversación.

Explicó que estos tres últimos hechos pueden ser atendibles pero lo principal es que el exfiscal Soza fue condenado el 21 de mayo de 2018, por tanto, la obligación del fiscal Marco Antonio Rodríguez era utilizar el mismo argumento para retirar la acusación y, sin embargo, dejó pasar un año y nueve meses, tiempo en el cual ha seguido sustentando el proceso.

Indicó que tras haber hecho seguimiento durante 11 años y conocedora del manipuleo judicial, presentará cargos por los supuestos delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, encubrimiento, consorcio de jueves, fiscales, policías y abogados, prevaricato, asesinato, retardo de justicia y omisión de denuncia.///