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El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, denunció al Gobierno de facto de Jeanine Añez ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y la comunidad internacional por atentar las libertades democráticas y la libertad de expresión en Bolivia.

El domingo 10 de mayo, cuando se celebra el Día del Periodista en el país, Añez promulgó el decreto supremo 4231 el 7 de mayo de 2020, para modificar el alcance de dos anteriores y prevenir la desinformación ya sea en forma escrita, impresa o artística, amparándose en la declaratoria de emergencia sanitaria y cuarentena total contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19).

“Exigimos al gobierno de #Bolivia abrogar el Decreto 4231, que amplía las restricciones a la libertad de expresión, incluyendo manifestaciones artísticas. Denunciamos ante la @CIDH, @RELE_CIDH y @OACNUDH este nuevo atentado contra las libertades democráticas en nuestro país”, publicó Arce en su cuenta de Twitter.

Exigimos al gobierno de #Bolivia abrogar el Decreto 4231, que amplía las restricciones a la libertad de expresión, incluyendo manifestaciones artísticas. Denunciamos ante la @CIDH, @RELE_CIDH y @OACNUDH este nuevo atentado contra las libertades democráticas en nuestro país.— Lucho Arce (@LuchoXBolivia) May 11, 2020

La normativa, que recibió una serie de críticas principalmente del sector periodístico, indica: “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

Esta decisión se llevó adelante pese a que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH solicitó dejar sin efecto el Decreto Supremo 4200 (base legal de la nueva norma promulgada) por no cumplir con el principio de legalidad y no ajustarse al interés imperioso de proteger la salud.

En relación a los decretos modificados, la internacional Human Rights Watch (HRW) hace tres días observó que el lenguaje es vago y puede ser mal utilizado para calmar a quienes critican las políticas gubernamentales.

Al respecto la Asociación de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) pidieron eliminar el DS 4231 “debido a que establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión”.

“Un decreto supremo, de inferior rango jurídico, no puede vulnerar los artículos 21.5, 106 y 107 de la Constitución, que fija las condiciones de validez del resto del ordenamiento jurídico y de las resoluciones y decisiones de las autoridades públicas y que garantiza el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión”, manifestaron las instancias mediante un comunicado conjunto.////