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Jeanine Áñez mintió y solapó la compra con sobreprecio de los respiradores españoles. Ahora pretende soslayar sus responsabilidades con el pedido de cárcel paro los corruptos y la aprehensión, este martes, de un funcionario de bajo rango, el encargado de adquisiciones del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela. 

Sin embargo, las detenciones tendrían que extenderse a; la canciller, Karen Longaric, al cónsul general de Bolivia en Barcelona, David Alberto Pareja Lozada, a los ministros de Salud, Marcelo Navajas y del embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo-Radji, entre otros si se pretende hacer una investigación seria. 

Existe documentos oficiales y testimonios de las mismas autoridades mencionadas que revelan que conocían, participaron de las negociaciones, los contratos, traslado y costos de los equipos en cuestión.

No será suficiente, el twitter de la presidenta transitoria en el que anuncia el inicio de una investigación sobre “posible corrupción en la compra de los respiradores españoles”, en un acto de admisión de que se cometieron irregularidades en esa adquisición y de que su gobierno en pleno es el único responsable, ministros y otros funcionarios que recibieron participaron en la “comisión” por la compra. El país merece saber la verdad.

En el escándalo de los respiradores fue sostenido y solapado por varias autoridades, todo se cayó hasta que la mañana de este lunes 19 de mayo de 2020, el fabricante o proveedor, Pau Sarsanedas, gerente de la empresa GPA Innova, desde España dijo que estos instrumentos médicos cuestan entre 6.000 euros, equivalente a 6.500 dólares. No quiso revelar el precio exacto por el que fueron entregados a Bolivia sin embargo dejo entrever que el precio fue menor para el intermediario que entregó a Bolivia. Informaciones del mismo gobierno señalaron que el país habría pagado 28.000 dólares por cada uno de estos ventiladores. 

Los 170 ventiladores automatizados, marca Respira que fueron anunciados anticipadamente por el denominado embajador de Ciencia y Tecnología fueron vendidos por el fabricante a través de la empresa Ime Consulting afincada en el País Vasco que se niega a otorgar información sobre el precio en que vendió a Bolivia debido al carácter secreto del contrato. 

El 1 de abril, Mostajo anunció la compra de 500 ventiladores y la adquisición de equipos e instalación de salas de terapia intensiva para todo el país. Lo cierto es que llegaron 170 respiradores y los que se compraron no sirven para terapia intensiva que es lo más necesario para los pacientes con Covid-19, que requiere con urgencia el país.

Según la orden de compra de los respiradores, estos se adquirieron por un valor de 5 millones de dólares. En el mismo documento se establece que el precio real de cada uno de éstos y otros accesorios es de 10.750 dólares con lo que se hace un total de 1.896.400 dólares. 

No se sabe a dónde fueron a parar los restantes 3,6 millones de dólares de los 5 que señala la orden de compra. Se habla de un sobreprecio que no se sabe a qué bolsillos ingresaron.

El valor de estos respiradores debe ser explicado por el Gobierno de Añez, pero además su funcionalidad. Según expertos en este rubro, los adquiridos solamente son básicos y los otros que sirven para terapia intensiva llegarán después, dijo el Ministro de Salud.

El sobreprecio es alto. Jeanine Añez y su gente cercana hace sus negociados con el dolor de los bolivianos a consecuencia de la pandemia. La población tiene que soportar además la carencia de recursos para llevar un pan a sus hogares por la deficiente e improvisada política económica contra el coronavirus.

En este contexto, Jeanine y su Gabinete de ministros tampoco han informado cuál es el destino de las donaciones que han recibido a nombre de Bolivia para cubrir la emergencia de la salud. Hasta abril, el país había recibido 1,4 millones de dólares en donaciones de distintas entidades de cooperación internacional.

La embajada de Francia en Bolivia donó $us 39.000, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) compró equipos por $us 498.656, el Banco de Desarrollo Fonplata donó $us 200.000, el Banco de Desarrollo de América Latina –CAF $us 400.000 y el Banco de Desarrollo de Alemania (KFB) donó $us 287.000.

Pero además, según informes del Órgano Legislativo, el Gobierno de transición recibió de Italia 20 millones de euros, de Japón 30 millones de dólares, de la Unión Europea 5 millones de euros y del Fondo Monetario Internacional un crédito de 327 millones de dólares.

Sobre el manejo de estos recursos tampoco existe información que haya proporcionado Jeanine Añez, quien es la principal responsable de la administración de este dinero, como también del sobreprecio en la compra de los respiradores. En algún momento deberá rendir cuentas ante el pueblo.

Por ahora, la Contraloría General del Estado deberá ser la que inicie auditorías a todas compras realizadas por este Gobierno con motivo de la lucha contra la Covid-19, no solo de los respiradores, sino de otras mercancías destinadas a combatir el coronavirus.