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El exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, negó estar involucrado en la compra con sobreprecio de los 170 respiradores a través de una empresa intermediaria española. Aseguró que toda su intervención en la adquisición se concentró en hacer averiguaciones, que obedecieron a una “instrucción verbal” que le hizo el exministro de Salud, Marcelo Navajas.

El abogado del exjefe jurídico, Pablo de la Riva, afirmó que su cliente recibió instrucciones de la exautoridad para verificar si IME Consulting vendía los respiradores. Señaló que todo el proceso de evaluación de propuestas y la firma del contrato estuvo a cargo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), dependiente del Ministerio de Salud, cuyo director fue posesionado en el cargo el 29 abril.

La Aisem tiene en su estructura su propia dirección jurídica y unidad de adquisiciones, explicó el abogado de Valenzuela. En ese sentido, descartó todo tipo de "influencia" en el proceso de compra. Sin embargo, el exfuncionario fue involucrado por haber realizado varias llamadas al cónsul de Bolivia en Barcelona, David Pareja Lozada, y a la empresa intermediaria IME Consulting, que tiene sede en esa ciudad de España.

“Fernando Valenzuela lo que hizo es evaluar que la empresa existe, que tenga la solvencia, no fue una llamada por interés personal, y la llamada no puede ser tomada como un hecho irregular, al contrario (…), el mismo ministro de Salud (Navajas) lo instruyó”, aseguró De la Riva.

El jurista descargó toda la responsabilidad del procedimiento en la Aisem, sobre si se conocían otras propuestas de menor costo, de modo que negó que su cliente haya conocido de otras ofertas y no verificó la condición de otras empresas.

“Fernando Valenzuela no ha participado en la contratación, supervisión, mucho menos la fiscalización (de la compra de los respiradores), lo único que ha hecho es verificar que se esté desarrollando el proceso, pero de forma externa, sin ninguna posibilidad de influencia”, señaló De la Riva.

Valenzuela y otras cuatro personas fueron imputados por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y malversación de fondos, por la millonaria compra de 170 ventiladores.////