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El diputado Érik Morón (UD) aseguró el lunes que los 170 respiradores, adquiridos a una empresa española a través de intermediarios, “no funcionan ni siquiera con sobreprecio” en las regiones donde fueron entregadas, y el procurador general del Estado tampoco realizó ninguna acción por la recuperación de los recursos públicos utilizados, y por ello exigió su remoción e institucionalización del cargo.

“El tema de los respiradores lo hemos conocido todos, es un problema de sobreprecio, un problema de irregularidad y hasta el día de hoy no funciona ni siquiera con sobreprecio”, dijo el diputado Morón a Página Siete y también presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña.

Explicó que los respiradores, que tuvieron un costo original de 8.756 dólares, incluido sus accesorios, pero que el Ministerio de Salud pagó por cada uno de ellos 28.080 dólares, fueron parte de la campaña prelectoral de la presidenta y candidata Jeanine Añez, pues aseguró que el pasado 14 de mayo, la mandataria se trasladó desde La Paz a Santa Cruz a recibir los 170 equipos sin cumplir el protocolo de recepción.

“Fue un show mediático totalmente prelectoral, se recibieron sin firmar un acta de recepción y conformidad del producto recibido”, aseguró Morón y luego, prosiguió, continuaron con la entrega de los equipos en Santa Cruz, Beni Oruro, Sucre, Tarija, los que hasta ahora no funcionan ni para emergencia como fueron anunciados durante la distribución.

Al respecto, el lunes Añez reconoció que “no han salido de la mejor manera en la misión” para enfrentar el coronavirus y se comprometió a que “voy a corregir con firmeza lo que se haya hecho mal”, pues uno de sus ministros, el de Salud, Marcelo Navajas, fue enviado el domingo a la cárcel, junto a dos exfuncionarios y un presunto “testigo clave”, porque lideraron y apresuraron la compra de los respiradores.

El diputado también anunció que buscará que los responsables no solo paguen con la cárcel sino también devuelvan el dinero (4.773.600 dólares), provenientes de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues, prosiguió, los “bolivianos seremos quienes tengamos que devolver de algo que el país no se ha beneficiado”.

Recordó que el Ejecutivo no reaccionó ante la denuncia sino los medios de comunicación, como Página Siete, que destaparon la corrupción y obligaron a la Fiscalía de La Paz a que conduzca al exministro de Salud desde su despacho hasta la fuerza policial anticrimen, lo que concluyó con el encarcelamiento preventivo, pero a su juicio aún hay varias autoridades que no fueron citadas a declarar, entre ellas la canciller Karen Longaric, el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, el embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mohammed Mostajo-Radji, ni se exigió a la Aduana Nacional la documentación de importación de los respiradores.

Contrariamente, continuó, se interrumpió el accionar del juez Hugo Huacani, que envió a la cárcel a los presuntos responsables, con la aprensión del jurista durante 36 horas, accionar que según Morón despertó susceptibilidades. “Extrañamente emiten orden contra el juez tratando de amedrentar o realizar algún influjo político y eso levanta susceptibilidades en la investigación, esa acción es un manoseo político que levanta susceptibilidades”.

Afirmó que hasta ahora solo se pudo observar un accionar incompleto de la Fiscalía pero ninguna de la Contraloría General del Estado ni del Procurador General del Estado. Por el contrario el “procurador (José María Cabrera) eximió a la canciller (Longaric) de toda responsabilidad, cuando no es su facultad ni competencia sino revisar los contratos que hace el Estado con organismos internacionales”.

Por esta razón, dijo, el lunes exigió a la presidenta Añez, a través de una solicitud, la remoción de Cabrera y la institucionalización del cargo. Protestó contra el procurador porque mantuvo un silencio durante seis meses y cuando debió salir a recuperar el dinero pagado por los respiradores, se puso a eximir a la canciller Longaric, pero en un semestre no elevó ningún informe de los centenares de “contratos lesivo al Estado”, suscritos por el gobierno anterior con bancos, organismos internacionales y países.

Afirmó que Cabrera es un “procurador de la Presidenta no del Estado, porque lo único que ha hecho ha sido defender al Poder Ejecutivo y a la canciller, como si fuera el defensor de los intereses del Gobierno y no del Estado”. Insistió que con su accionar el procurador comete “una violación flagrante a sus funciones” y por ello debe ser removido.

Pide a Añez dejar la candidatura

El diputado Morón se sumó a algunos analistas que la semana anterior sugirieron que la presidenta Añez debe dejar la candidatura para recuperar la autoridad perdida en el gobierno de transición, pues de no hacerlo, continuó, aumentarán los cuestionamientos y se debilitará más el Gobierno.

“Nada mejoró en 65 días de encierro, el Gobierno no equipó los hospitales, no dio equipos de bioseguridad, no instaló las unidades de terapia intensiva en los hospitales de tercer nivel; el lunes saldremos a las calles y los hospitales ya están abarrotados (por pacientes con coronavirus); el Gobierno no nos está dando las condiciones para levantar la cuarentena”, añadió el parlamentario cruceño.

Morón observó que el gobierno de transición en más de seis meses tampoco puso un alto judicial al gobierno anterior (MAS), por el contrario dio argumentos para que haga críticas al Ejecutivo, pese a que tiene toda la información en la veintena de ministerios y en instituciones como la Procuraduría y la Contraloría para fiscalizar los 14 años de Evo Morales.

El diputado Morón dijo que Bolivia no necesita una Presidenta que hace todo pensando en campaña electoral sino su entrega total al país. “La Presidenta (Añez) tienen un pie en las elecciones y otro en la administración del país, en una emergencia sanitaria, y cuando se avecina una crisis de la economía (por efecto del Covid-19) necesitamos una presidenta que esté 100% abocada en la administración del Estado y no así distrayéndose en proceso electoral” para que el cual no asumió la sucesión constitucional, después de la renuncia y huida de su antecesor, Evo Morales, que ahora tramita su refugio político en Argentina.