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La presidenta Jeanine Añez denunció este jueves que una “red de sabotaje y corrupción ha sido montada" para perjudicar su Gobierno, en referencia al caso de los 170 respiradores adquiridos supuestamente con sobreprecio y que fue la causa del encarcelamiento preventivo del exministro de Salud, Marcelo Navajas, además de dos exfuncionarios y un “testigo clave”.

"Esperamos que (la investigación en curso) devele esa red de sabotaje y corrupción que ha sido montada para perjudicar no sólo al Gobierno, que sabemos que somos actores políticos pasajeros, sino que esta red ha puesto en peligro la vida de familias bolivianas”, sostuvo Añez, después de posesionar a Eidy Roca, como ministra de Salud, en reemplazo de Navajas.

El fabricante español GPA Innova vendió el modelo de respirador básico al Ministerio de Salud a través de intermediarios. El costo en fábrica fue de 6.000 euros (6.567 dólares) y los accesorios suman otros dos mil euros, por lo que el dispositivo básico costó 8.000 euros, equivalentes a 8.756 dólares.

Sin embargo, Salud pagó 28.080 dólares por cada unidad. Además, los equipos, que ya fueron distribuidos a distintas regiones del país no funcionan porque su software no está actualizado y carecen de algunos accesorios técnicos.

“Eso no se perdona”, afirmó la mandataria, en referencia a los respiradores adquiridos con aparente sobreprecio por la gestión de Navajas.

Añez recordó que la semana pasada “hemos enfrentado lamentablemente una crisis en el área de salud, reaccionamos inmediatamente y no vamos a interferir en la investigación que sigue en curso”.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, explicó que falta cerrar algunos temas al respecto a la cuestionada compra de los respiradores. “¿Qué tiene que ver Montaño con los respiradores? ¿Era parte del sobreprecio o era parte de la conspiración? ¿Era parte de la corrupción o era parte de la conspiración? ¿O tal vez era parte de los dos?”, declaró.

Bolivia ya pagó casi 2,2 millones de dólares de un total de 4,7 millones por los equipos y el Gobierno anunció que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.

Por la presunta compra irregular de los respiradores, además de Navajas, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, el exjefe de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, y el supuesto “testigo clave” Fernando Humérez fueron enviados a la cárcel con detención preventiva.

Las dos funcionarias técnicas, Ana Espinoza y Gabriela Pérez, contratadas con recursos de la financiadora Banco Interamericano de Desarrollo (BID), obtuvieron detención domiciliaria por seis meses sin derecho a salidas laborales, informó el fiscal Ruddy Terrazas, integrante de la comisión que investiga el caso.////