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Justo cuando se anunciara que la investigación del caso “respiradores” llegaría a Jeanine Áñez, como también a la canciller, Karen Longaric; al embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo (novio de la hija de la Presidenta transitoria); y al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, instruyó la reserva del caso, pedido que fue concedido por la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Con una acción como esta, se hace una confesión indirecta de que la misma Presidenta y su gente sustrajeron los recursos de los respiradores que debían servir para salvar vidas en plena pandemia y con dos departamentos, Beni y Santa Cruz afectados en gran medida por el turbión del coronavirus que incrementa día que pasa el número de afectados y muertos.

¿Qué explicación hay para que el caso pase a reserva? ¿Ocultar a los verdaderos culpables? La reserva implica que no se emitirán detalles ni comentarios sobre el caso, es decir, la gente que aporta con sus impuestos al Estado, en otras palabras, el pueblo quien es el dueño de los recursos con los que fueron comprados los respiradores y que le fueron robados descaradamente, ese pueblo no sabrá qué es lo que sucede en las investigaciones mientras así lo determine la Fiscalía, el juez competente y obviamente la Presidenta. ¿A quiénes quieren proteger?

El comunicado formal de la Fiscalía señala que “en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código de Procedimiento Penal y en razón de la delicadeza del caso referido a las presuntas irregularidades en la compra de 170 respiradores, realizada por servidores públicos del Ministerio de Salud, la comisión de fiscales ha solicitado al juez Onceavo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, Hugo Huacani, la reserva de las actuaciones investigativas, con el fin de precautelar el objeto de la investigación y evitar la fuga de posibles autores, solicitud que fue otorgada por la autoridad jurisdiccional”. Todos tenemos derecho a la duda a pesar de este comunicado, pues hay gente muy importante de este Gobierno interino implicada en el robo que sufrió el pueblo boliviano en plena pandemia que está diezmando su salud y su economía.

El 25 de mayo, el presidente de la Comisión de Justicia Plural del Ministerio Público, Julio Huaraya, anunció la ampliación de las investigaciones por el caso “respiradores” contra la canciller Longaric, y el embajador de Ciencia y Tecnología Mostajo. Ese mismo día informó que también se incluirá al primo de Mostajo, Eduardo Claros y David Pareja Lozada, cónsul boliviano en Barcelona, España, quienes también están implicados en la venta con sobreprecio de los ventiladores.

Al día siguiente 26 de mayo, el diputado Édgar Montaño quien conforma la comisión mixta para indagar este caso, anunció que Jeanine Áñez será incluida en la investigación debido a que en su declaración, el ex ministro de Salud Marcelo Navajas dijo que Añez y Arturo Murillo fueron los que recibieron los respiradores y los entregaron en Santa Cruz y en los otros departamentos.

Efectivamente, Añez estuvo presente en Santa Cruz el día que se recibieron los ventiladores de origen español y, además, viajó a otras regiones para entregar los equipos. Estuvo en Sucre el 16 de mayo, cuando se entregaron 15 unidades. Asimismo, el 27 de mayo, el fiscal departamental de La Paz, Mario Cossío anunció que se analiza aceptar o rechazar la ampliación de denuncia contra Murillo por este caso. De acuerdo con las indagaciones hasta ahora no se tiene conocimiento de que ambas autoridades hubieran recibido una nota de entrega de los equipos. 

Por este caso se dictó la detención contra el exministro de Salud, Marcelo Navajas; el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela; el ex jefe de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco; y para el supuesto “testigo clave” Fernando Humérez. Las dos funcionarias técnicas, Ana Espinoza y Gabriela Pérez, fueron pasibles a detención domiciliaria por seis meses sin derecho a salidas laborales.

Los respiradores se cotizaron en Bolivia con el representante de los equipos GPAInnova en 12.500 dólares la unidad, pero se compraron en España en casi 28 mil con un crédito del BID, de acuerdo con la cotización 05/2020 del Grupo Cosin. El Gobierno pagó 2.028.780 dólares de los 4.773.600 que cuestan los 170 respiradores.

La compra de las 170 unidades que aún no son utilizadas, tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos supuestamente debía ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica. Se trata del abogado Wálter Zuleta, quien fue contactado por Húmerez e hizo el vínculo con Iñaqui García, representante de IME Consulting. Sin embargo, existen muchos cabos sueltos, entre ellos la orden de aprehensión emitida desde el Ministerio de Gobierno contra el juez Huacani que implica a Murillo en una supuesta maniobra para proteger a los verdaderos culpables del escándalo en la compra de los respiradores.