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Decían defender la democracia y lo que hicieron fue defender los intereses de las empresas que apoyaron las movilizaciones y el golpe de Estado.

El ministro de Economía y Finanzas, José Luis Parada, anunció que se alista un ‘perdonazo tributario’ pero que debe ser aprobada por una Ley y da para largo.

Entre tanto se organizaron para condonar, pero de manera ilegal, deudas impositivas de empresarios a cambio de jugosas sumas, el centro operativo delincuencial, el Servicio de Impuestos Regional La Paz, mientras el trabajador mediano se esfuerza por cumplir con la cuarentena y pagar sus responsabilidades, ellos extorsionan y roban.

Tras el escándalo de los respiradores, se descubrió esta otra denuncia contra funcionarios públicos del Gobierno transitorio; esta vez en el SIN-La Paz, donde un buffet de abogados, presuntamente escogía casos para beneficiar con prescripciones a deudas tributarias a empresas y empresarios que durante muchos años evadieron al fisco.

La Fiscalía de Distrito de La Paz allanó y precintó las oficinas SIN en la Sede de Gobierno, tras una denuncia de servidores públicos que indicaron que personal con capacidad de mando al interior de esta entidad pasaba el nombre de potenciales deudores del fisco al buffet de abogados “Villegas & Rummarsk”, reportaron medios locales.

De acuerdo a las denuncias, los funcionarios del Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital 1 del Servicio de Impuestos Nacionales de La Paz, fueron los que supuestamente, emitieron algunas resoluciones que hubiesen favorecido a algunos contribuyentes con el tema de prescripción. 

A raíz de estos hechos se destituyó de sus cargos al Gerente Distrital, a la Jefa del Departamento Jurídico y al Supervisor Técnico Jurídico argumentando un hecho aislado.

La denuncia fue remitida inicialmente a la Unidad de Transparencia de Impuestos Nacionales y, posteriormente, al Ministerio Público quien intervino la entidad.

Ya en noviembre del 2019, una nota involucraba al presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aliado en esa oportunidad de Añez, quien tendría una deuda millonaria con Impuestos Nacionales, además de ser acusado de colocar a sus amigos y parientes en esa entidad.

Otras entidades estratégicas como BoA y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), se transformaron en un “botín político” 

Entel, donde el gerente general nombrado por el gobierno de Áñez y sus aliados, Elio Montes, dilapidó impunemente fondos de la empresa y, tras ser destituido, fugó a Estados Unidos.

La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras instituciones que fueron tomadas por políticos oficialistas 'como si fuera su propiedad'; además de la Aduana Nacional, ENDE y otras donde se encuentran al mando de parientes de la Mandataria transitoria.////