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El importante organismo internacional de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, mediante una declaración pública la mañana de este 29 de mayo exigió al gobierno transitorio de Jeanine Añez a respetar la independencia judicial y abstenerse de hostigar y amenazar a opositores políticos, a través de disposiciones legales, procesos penales, declaraciones públicas o detenciones. 

Además de emplazar a la Fiscalía General del Estado a realizar una investigación sobre la detención del juez Hugo Huacani y llevar a las personas sospechosas de responsabilidad penal ante la justicia.

“Amnistía Internacional considera que la detención del juez Huacani fue arbitraria por estar fundada en el mero desacuerdo de autoridades gubernamentales con una decisión judicial”, señala la organización en una parte de su comunicado, señalando directamente al Ministerio de Gobierno como el responsable de estos hechos.

También se refiere a la declaración del titular de esta cartera, Arturo Murillo y su amenaza a la Asamblea por los ascensos de las Fuerzas Armadas, y la participación de estas en las masacres de noviembre de 2019.

Amnistía Internacional ha denunciado con preocupación, como amenazas públicas emitidas por autoridades del Gobierno actual en Bolivia contra líderes políticos acusados de “desinformar” y contra periodistas acusados de “sedición”, la detención de “67 actores políticos” acusados de participar en “movimientos de desestabilización y de desinformación” y de hacer “guerra virtual” contra el gobierno, y la publicación del Decreto Supremo 4200, violatorio del derecho a la libertad de expresión por establecer que serán procesados por delitos contra la salud pública quienes “desinformen o generen incertidumbre a la población”, advierte otra parte del comunicado.

En la misma declaración informa que recibió una carta pública del Gobierno de Añez, firmada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Manuel Suárez Ávila, donde se le acusa de tendenciosa y de desconocer la actual coyuntura y normativa boliviana a lo que la organización informó que el gobierno no proveyó el resto de la información solicitada por la organización.

Amnistía Internacional considera que el ambiente de hostigamiento y amenaza es preocupante, a niveles que pude limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país, convirtiéndose en una carta blanca para la impunidad.