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Siete senadores norteamericanos, demócratas, enviaron este martes 7 de julio, una carta al Secretario de Estado de los EEUU (Canciller), Michael Pompeo, alertando sobre la violación de derechos humanos y el prorroguismo del régimen boliviano presidido por Jeanine Añez y solicitando que haga las gestiones para garantizar la realización de eleciones libres y sin persecución a opositores el 6 de septiembre próximo.

De manera preocupante, el gobierno interino encabezado por Áñez ha excedido el papel que debía tener como custodio provisional. Ha buscado vengarse contra opositores políticos y perpetuarse en el poder. Luego de asumir el poder, Áñez prometió que no se postularía a la presidencia, pero se desdijo al poco tiempo e inició una campaña para la presidencia, empeorando la polarización en Bolivia e incrementando los riesgos de un conflicto político renovado y más violencia» dice uno de los párrafos de la misiva publicada por la agencia de noticias Andean Infonet.

Está firmada por los senadores: Christopher Murphy, Patrick Leahy, Benjamin Cardio, Tim Kaine, Bernar Sanders, Chris Van Hollen, Eduar Maiky.

Respecto a la violación de los derechos humanos en el régimen de Añez, sostienen: «Las protestas que siguieron fueron manejadas con acciones represivas que resultaron en la muerte de 36 personas, 833 heridas y 1.504 detenidas por las fuerzas militares y policiales. En los pueblos de Senkata y Sacaba, en episodios caracterizados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se cree que las Fuerzas Armadas mataron a 20 personas. La mayoría de estos actos se llevaron a cabo bajo un decreto presidencial (luego rescindido por Áñez bajo presión) efectivamente concediendo inmunidad a los miembros de las fuerzas del orden que participaron en la redada». 

Honorable Michael Pompeo

Secretario de Estado-Departamento de Estado

Estimado Secretario Pompeo:

Estamos cada vez más alarmados por el creciente número de violaciones de los derechos humanos y la restricción de los derechos civiles realizados por el gobierno interino de Bolivia. Estos comenzaron poco después de que el gobierno interino encabezado por Jeanine Áñez llegara al poder en noviembre pasado cuando Evo Morales renunció, en medio de protestas generalizadas y la presión de las fuerzas armadas. Los informes de abusos se han acelerado recientemente con acciones—enmarcadas como respuestas a la pandemia del COVID-19—que se usan para intimidar y socavar a los adversarios políticos del gobierno interino antes de las elecciones presidenciales y legislativas que actualmente se esperan llevar a cabo el 6 de septiembre

Alentamos a los oficiales del Departamento de Estado a que convoquen elecciones rápidas, libres y justas, y que se ponga fin a las acciones inquietantes que están siendo cometidas por el gobierno interino de Bolivia. El silencio casi total acerca de los recientes eventos ocurridos se halla en contraste categórico al enfoque usado con países como Venezuela, donde la administración ha condenado de manera correcta y consistente las violaciones a los derechos humanos. Algunas de nuestras principales preocupaciones incluyen:

1.- El uso de autoridades interinas para perpetuarse en el poder:

Luego del levantamiento del estado boliviano el pasado noviembre, la comunidad internacional dejó en claro que esperaba que el gobierno interino recientemente constituido reconociera la naturaleza polarizada de la sociedad boliviana y que concretara sus esfuerzos para organizar elecciones libres y justas. De manera preocupante, el gobierno interino encabezado por Áñez ha excedido el papel que debía tener como custodio provisional. Ha buscado vengarse contra opositores políticos y perpetuarse en el poder. Luego de asumir el poder, Áñez prometió que no se postularía a la presidencia, pero se desdijo al poco tiempo e inició una campaña para la presidencia, empeorando la polarización en Bolivia e incrementando los riesgos de un conflicto político renovado y más violencia.  

Es crucial que el gobierno interino se abstenga de tomar más acciones que podrían entorpecer las preparaciones para las elecciones siguientes o, de otra forma, pondrá en peligro la credibilidad del proceso electoral ante los ojos de todos y todas las bolivianas. Luego de tropiezos y retrocesos, la autoridad electoral boliviana propuso que las elecciones se celebren el 6 de septiembre, propuesta que fue aprobada por la legislatura y posteriormente firmada por la presidente interina Áñez luego de que inicialmente intentara retrasar la fecha. Deberá rechazarse cualquier intento por parte del gobierno interino de posponer unilateralmente las elecciones o fijar una nueva fecha para las elecciones, o frustrar los esfuerzos de las autoridades electorales que aseguren un voto libre y equitativo con las salvaguardas de salud pública apropiadas. 

2.- Acciones militares para intimidar a la legislaturaboliviana:

Las acciones tomadas por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas para evadir la aprobación requerida por el senado para autorizar las promociones militares parecen violar directamente los términos de la Constitución de Bolivia. Además, la decisión reciente del Ministro de Defensa de presentar cargos contra la presidenta del Senado, Eva Copa, representa un serio ataque tanto a las normas legales como al único cuerpo democráticamente electo del país.

3.- Represión violenta e impunidad justo después de tomar el poder:

La presidenta interina Jeanine Áñez asumió el poder en medio de una crisis constitucional y un entorno político altamente conflictivo. Las protestas que siguieron fueron manejadas con acciones represivas que resultaron en la muerte de 36 personas, 833 heridas y 1.504 detenidas por las fuerzas militares y policiales. En los pueblos de Senkata y Sacaba, en episodios caracterizados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se cree que las Fuerzas Armadas mataron a 20 personas. La mayoría de estos actos se llevaron a cabo bajo un decreto presidencial (luego rescindido por Áñez bajo presión) efectivamente concediendo inmunidad a los miembros de las fuerzas del orden que participaron en la redada. Más de seis meses después, el gobierno todavía no realizó investigaciones serias de estas muertes y daños. Esto es sumamente preocupante pues la ley estadounidense prohíbe dar asistencia a unidades de las fuerzas del orden que enfrenten acusaciones creíbles de graves violaciones contra los derechos humanos cuando el gobierno no está tomando medidas efectivas para llevar a la justicia a los miembros responsables de las fuerzas del orden.

4.- Violaciones contra las libertades civiles realizadas bajo el pretextode la crisis COVID-19:

En abril y mayo, el gobierno interino promulgó un par de decretos ejecutivos que establecía que aquellas personas que “desinformen o generaren incertidumbre a la población” referida al COVID-19 estarían en violación de leyes criminales y sujetas a cárcel por hasta diez años. En abril el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció lo que él denominó una “ciberpatrulla” operada por las fuerzas armadas, la policía y su personal para identificar y enjuiciar a quienes estén acusados de diseminar “información falsa” durante la pandemia del coronavirus.

La organización Human Rights Watch consideró que los decretos son “uno de los casos más claros de un gobierno que aprovecha al máximo la crisis de salud y la pandemia global para perseguir a los líderes de la oposición y restringir las libertades fundamentales”. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia advirtió que se precisaba modificar los decretos “para no criminalizar la libertad de expresión”. Ante tales críticas, el gobierno interino retrocedió y retiró ambos decretos. Sin embargo, queda por ver cómo el gobierno manejará los casos de los muchos individuos quienes fueron detenidos, enjuiciados y sentenciados bajo estos dos decretos.

5.- Tratamiento injusto y peligroso de personas bolivianas privadas de libertaden medio de la pandemia del COVID-19:

En circunstancias normales, las cárceles bolivianas se encuentran severamente sobrepobladas y son inseguras para las personas privadas de libertad, en medio de la crisis del COVID-19, estas se hicieron aún más peligrosas. Casi dos-tercios de las personas privadas de libertad se hallan encarceladas en detención preventiva y sin convicción definitiva. Aunque el gobierno propuso y la legislatura confirmó una iniciativa de perdón limitado y de amnistía, solo un pequeño porcentaje de prisioneros elegibles ha sido liberado. Al menos una prisión en Santa Cruz ha experimentado un motín como resultado de las condiciones peligrosas y el miedo al contagio del COVID-19, y Bolivia ha registrado números crecientes de infecciones entre las personas en prisión.

Sin un cambio de curso inmediato por el gobierno interino, tememos que los derechos civiles básicos en Bolivia seguirán siendo debilitados y que se pondrá en peligro la legitimidad de las próximas elecciones.

Respetuosamente solicitamos información adicional acerca de las acciones específicas que la administración está tomando para presionar al gobierno interino de Bolivia sobre estos asuntos.

Atentamente,

Senadores: Christopher Murphy, Patrick Leahy, Benjamin Cardio, Tim Kaine, Bernar Sanders, Chris Van Hollen, Eduar Maiky.