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El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Néstor Villca, informó que investigan el atentado que sufrió el jueves por la noche una de las personas que está implicada en las pugnas por el derecho propietario de los terrenos en la zona de Villa Belén, en la Taquiña.

“Según las investigaciones preliminares, se conoce que Ángel Mitma, persona que sufrió el atentado, se encuentra en un proceso de posesión de tierras en Taquiña junto a otro grupo de personas”, informó el jefe policial.

Según el informe de la Unidad de Bomberos se confirmó que la explosión fue a causa de la detonación de un cachorro de dinamita. “Los vecinos argumentan que vieron a dos personas sospechosas en el lugar en el momento de la detonación”, dijo Villca.

El afectado con el atentado, Ángel Mitma, dijo que hace 10 años fue dirigente de la zona de Linde. “Estoy dos años descansando, yo era dirigente de la OTB de Linde”, dijo. Añadió que no tiene nada que ver con las personas que se encuentran apostadas en las zonas de conflicto.

“Seguramente se han confundido de persona”, expresó. Según el reporte policial, sólo se reportaron daños materiales de poca consideración.

Villa Belén

En la zona de Villa Belén, encima de la cota 2.750, existen dos grupos que se disputan 15,5 hectáreas de tierra. Uno supuestamente se dedicada a la apicultura y levantó algunas construcciones. Otro es un grupo de mineros que se halla en vigilia en carpas. En el INRA se han apersonado ocho supuestos propietarios.

El sector se halla con medidas precautorias del INRA, lo que impide que cualquier persona o institución realice cualquier tipo de construcción. Se prevé que el proceso termine en 2017.

Los mineros llegaron hace tres meses y aseguran que tienen títulos de la Cooperativa Vivienda Taquiña. El sector dijo que se mantendrá en la zona hasta que el INRA concluya el saneamiento.

El lunes 18 de diciembre, personal del Sernap, el INRA, la Unidad de la Madre Tierra de Tiquipaya, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Intendencia Municipal y otras instituciones realizaron un operativo de desalojo de la zona.

Después del desalojo y un largo proceso de diálogo con el sector minero, se llegó a un acuerdo que establece el retiro de las carpas y de la vigilia.

“Sólo 10 personas deberán permanecer en vigilia, pero fuera del perímetro en cuestión”, señaló en la ocasión el director del Sernap, Héctor Bejarano.

Después de cuatro días de haber llegado a ese acuerdo ayer, se verificó que las carpas continúan en el lugar y que llegaron más mineros.

“No han respetado, tenían que ubicarnos en unos cuartos pero nunca no han cumplido”, manifestó ayer el presidente de la Cooperativa Vivienda Taquiña y de los mineros, Eleuterio Arriaga.

Se estima que una hectárea de tierra en el Parque Tunari se comercializa en 500 mil dólares, por lo que la mayoría de los avasalladores se arriesga a ocupar esta área protegida y de gran importancia ambiental para el eje. Uno de los aportes más valiosos es la dotación de agua.

80 mineros de Potosí. Más residentes mineros continúan llegando a Cochabamba para pelear por el derecho propietario de los predios de Villa Belén.

ESTAFADOS DE PUCUN PUCUN PROTESTARON

Las personas que fueron estafadas por loteadores que les ofrecieron terrenos en la zona de Pucun Pucun, encima la cota, llegaron hasta la Alcaldía de Tiquipaya para solicitar una audiencia que en el Concejo Municipal que quedó suspendida.

El conflicto en la zona comenzó en 1989, cuando José V. vendió un terreno de siete hectáreas en favor de otra persona. “La Alcaldía aprueba la venta, saca una resolución administrativa y la aprobación de un plan”, manifestó el asesor legal de los adjudicatarios, José Antonio Saavedra.

Son 200 personas estafadas las que desde hace siete años siguen un juicio contra las personas que los engañaron, entre ellas está el subalcalde del Distrito 5, Gustavo Vargas.

LA POLICÍA SE RESISTE A ACOMPAÑAR LOS DESALOJOS; EL INRA DEMORA PROCESOS

El director departamental del Sernap, Héctor Bejarano, lamentó que la fuerza pública no brinde la colaboración para controlar los asentamientos ilegales en terrenos que se encuentran por encima de la cota 2.750 msnm.

“Nos exigen más de lo que podemos hacer, apenas tenemos ocho guardaparques. Quisiera que las autoridades vean la realidad del Sernap”, declaró.

Bejarano dijo que cuando deben realizar desalojos tampoco cuentan con el apoyo de la Policía. “El otro día han agredido a los guardaparques por el lado de Sacaba, la Policía no quiso venir, hemos tenido que rogarles para que vengan porque querían quemar nuestra camioneta”, expresó.

El director señaló que se solicitará a todas las instituciones colaboración para recuperar el Parque Nacional Tunari.

Agresiones

El jefe de Seguridad del Parque Tunari, Alberto Terrazas, informó que constantemente son víctimas de agresiones.

“Las personas apostadas en las construcciones irregulares se han juntado, entre 20 personas nos han agredido con palos en la zona de Pucara”, manifestó.

Terrazas informó que en todas las laderas del Parque Tunari hay casos de loteamientos y avasallamiento.

“Este año he presentado 50 casos con informes y denuncias de construcciones irregulares, de las que el anterior director sólo sacó 14 resoluciones”, informó.

Las construcciones ilegales están en Pucara, Larati, Sapanani, San Jacinto, Pucun Pucun y Villa Belén, en Sacaba y Tiquipaya.

El jefe de Seguridad remarcó que el INRA dilata los procedimientos, lo que conlleva a que los “loteadores”, fraccionen terrenos.

mg