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La representante de la Coordinadora del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, Virginia Carranza, en contacto con radio Éxito Bolivia desde Argentina, informó que a principios de agosto la Cámara Federal de Córdoba aceptó como “amicus curiae” a Nora Cortiñas y una serie de organizaciones de Derechos Humanos.

“La causa se reere a delitos de lesa humanidad por las muertes de Sacaba y Senkata, torturas ocurridas incluso con autoridades ediles como la alcaldesa de Vinto Patricia Arce, detenciones ilegales a menores de edad en comisarías, atentados contra la libertad de expresión y la muerte dudosa de una periodista argentino”, sostuvo Carranza.

«No hay posibilidad de justicia en Bolivia»

La denominada “jurisdicción universal” para delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos es la que permite a la Justicia argentina llevar adelante la investigación. Avalados en esta normativa es que el Comité de Solidaridad presentó en noviembre, en la ciudad de Córdoba, una querella contra el actual gobierno de facto. Además, fueron admitidas como “amigos” del Tribunal la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba, y la Asociación Civil de Derecho Popular.

Carranza resaltó la importancia de este proceso legal ante la persecución política y judicial que existe en el país. “No hay posibilidad de Justicia en Bolivia. No dejan denunciar los delitos y le inventan causas a los damnicados. El gobierno de facto sigue vuiolando los derechos humanos, estamos atentos a lo que ocurra el 18 de octubre…”.

La denuncia presentada por el Comité señala como responsables de delitos de lesa humanidad a la presidenta Jeanine Áñez, los ministros a cargo de las carteras de Gobierno, Arturo Murillo; Justicia, Alvaro Coibra; Defensa, Fernando López , y los ahora exministros de la Presidencia, Jerjes Justiniano, y Comunicación, Roxana Lizárraga. También los dirigentes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, el ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, su sucesor, Carlos Orellana Centellas; así como el exjefe de la Policia Boliviana, Vladimir Calderón, y su actual reemplazo, Rodolfo Calderón.

La acusación sostiene que todos ellos participaron en la planicación y ejecución del golpe de Estado que derrocó a Morales y su vice Álvaro García Linera. “Practicaron diversos actos de terror generalizado y sistemático contra las autoridades legítimamente electas y en ejercicio”, sostiene la denuncia. Además señala que antes, durante y después del Golpe se persiguió a miembros del partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS).

“Para eliminar su participación política e institucional mediante torturas, vejaciones públicas, incendio, saqueos de viviendas y lugares públicos, secuestro de familiares y coacción afectando su integridad física para imponer la renuncia de los funcionarios, así como la quema y pisoteo de símbolos indígenas como la wiphala”, describe la representante dando lectura a la causa principal.