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La Dirección de Régimen Penitenciario invertirá en esta gestión Bs 8,5 millones en la compra de medicamentos para combatir el coronavirus, mantenimiento y ampliación de obras en ocho cárceles y en actividades de rehabilitación y reinserción social de los internos en la sociedad, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Durante su intervención, la autoridad recordó que el Gobierno de Jeanine Áñez descuidó la atención en los centros penitenciarios porque 51 internos fallecieron a causa del Covid-19, aunque la cifra no es creíble debido a varios factores. Sin embargo, las deudas con los centros penitenciaros del país datan de años atrás, cuando todavía Evo Morales gobernaba a Bolivia.

El hacinamiento y los viejos proyectos dormidos en las cárceles del país son una tarea pendiente. Un ejemplo de ello es la construcción de la nueva Palmasola.

Fue en 2015, cuando una firma y un apretón de manos entre el gobernador cruceño, Rubén Costas, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, mostró una primera intención de una cárcel modelo. En esa reunión, en octubre de ese año, la Gobernación cruceña transfirió al Ministerio de Gobierno 34 hectáreas de terreno, valuadas en $us 8,2 millones, para la construcción de un reclusorio con capacidad para 10.000 internos, proyecto del que no hay vistas hasta la fecha.

Según la Gobernación, en el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana se había determinado que la municipalidad cruceña realice el estudio a Diseño Final para la obra (que sí se hizo y se entregó la Ley Autonómica Municipal de Inafectabilidad de los Predios de Palmasola) y el Gobierno Nacional consiga el financiamiento, pero en reiteradas ocasiones se ha visto dejadez sobre este asunto.

De momento, el régimen penitenciario deberá conformarse con los insumos, medicamentos y equipamiento básico comprometidos por el ministro de Gobierno, así como talleres de producción y otras actividades que ayuden a mejorar la calidad de vida de los internos

Además, del Castillo anunció la creación de un sistema de información para conocer el número de internos (sería el primer paso para conocer la situación dentro de estos recintos), si tienen sentencia ejecutoriada, cantidad de hombres y mujeres, cuantos pertenecen a los pueblos indígenas, personas con enfermedad de base, diabéticos, con VIH, y otros datos, cuyo objetivo es contar con información pronta y oportuna “para generar políticas reales en base a datos y estadísticas concretas”.

Afirmó que el indulto y la amnistía beneficiará a personas víctimas del sistema judicial que sufren de la retardación de justicia, padres de familia que tienen niños dentro de las cárceles, personas con enfermedades de base, adultos mayores y víctimas del gobierno de Áñez. Esto podría ser una medida de descongestionamiento.

“Una señora de 80 años está detenida en el departamento de La Paz por más de 11 meses acusada de quemar los Puma Katari, imagínese como una persona de 80 años va a quemar los buses”, concluyó.