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El excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Sergio Orellana, salió del país en noviembre del año pasado rumbo a Colombia, según el flujo de salidas entregado por Migración a la fuerza anticrimen.

"Tenemos una resolución de aprehensión que ha sido emitida por el Ministerio Público, porque el señor Orellana no se presentó a declarar por el caso 'golpe de Estado' ni a las citaciones en el caso de Cochabamba, de Sacaba y Huayllani, son dos órdenes de aprehensión. De acuerdo con el flujo migratorio salió del país el 16 de noviembre, desde El Alto de La Paz hacia Colombia", declaró a ATB el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar.

En su contra pesa una orden de aprehensión por las investigaciones de los conflictos poselectorales de noviembre de 2019 y la denuncia de presunto “golpe de Estado”.

Sobre el mismo caso, el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, confirmó la salida de Orellana, en noviembre del año pasado.

“Hemos tomado conocimiento de que entre el 10 y el 16 de noviembre había salido de nuestro suelo, sin embargo, hay que esperar una nueva rectificación. No dirigiremos a los órganos de migración para establecer la fecha de su salida, si es que se encontrará fuera del país atravesando la frontera”, declaró Aguilera.

La autoridad policial agregó que el siguiente paso es coordinar con la Policía de otros países para establecer el paradero de la exautoridad y tomar las acciones que corresponden, según ANF.

El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque no se presentó a declarar ante la Fiscalía el 24 de febrero.

El proceso contra Orellana se debe a la presunta comisión del delito de sedición, terrorismo y conspiración. La denuncia fue presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty.

En la lista también figura José Luis Camacho, padre del excívico Luis Fernando Camacho, y los excomandantes de las FFAA y de la Policía Boliviana, quienes son investigados por los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.