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Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), que fue detenido la noche del sábado en Cochabamba y trasladado a Sucre, es imputado por los delitos de organización criminal, fabricación ilícita, uso de armas no convencionales, privación de libertad y daño calificado, y destrucción de bienes del Estado.

En su declaración al Ministerio Público en la Capital, el acusado declaró que “no hemos cometido ningún delito” y que confía en que “la justicia tomará una decisión acertada” en su caso.

Según dijo el  ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, Molina tiene un proceso abierto en Sucre por “daños patrimoniales a la Fiscalía General”, en un hecho que sucedió el 6 de octubre de 2020, cuando Molina, junto a otras personas de la RJC, llegaron hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir la renuncia de Juan Lanchipa.

“Molina fue trasladado a Sucre porque tiene un proceso abierto y será procesado por los presuntos delitos de organización criminal, tenencia y portación de arma de fuego y afectación contra bienes del Estado”, declaró Del Castillo.

“Molina   estaba consumiendo bebidas alcohólicas al momento de su aprehensión con cinco de sus compañeros y al momento de notificarlo, trataron de impedir este hecho utilizando piedras y botellas de cerveza”, agregó  el ministro.

El sábado circuló en las redes sociales un video de una cámara de seguridad que captó el momento de la aprehensión del líder juvenil, en el que se  ve a una de las personas que lo acompañaba siendo agredida por la Policía, cuando trataba de impedir la detención. 

La activista por los derechos humanos, Laura Rojas Ayala, dijo que “Molina tiene derechos y que su aprehensión es ilegal y obedece únicamente a los deseos del MAS. Rechazo enfáticamente el abuso de poder ejercido por parte del masismo”.

 Mientras, el politólogo Fernando López Ariñez dijo que “la detención de Yassir Molina es desagravio para la democracia boliviana. Nuestra democracia no puede, ni debe convivir y tolerar grupos parapoliciales”.

Hugo Balderrama, miembro del RJC, declaró al medio PanAm Post que  “todo esto le sirve para sanar la fractura interna del MAS y poner contentas a sus bases que   esperan venganza. Nos encontramos frente a un circo sangriento que va a cobrar muchas víctimas”.

Mientras, el exsecretario general de la CIDH Paulo Abrao dijo en Twitter: “Un primer paso importante en el cumplimiento de la recomendación de @CIDH de desmantelar los grupos armados privados que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país, del bando que sean. Los extremistas sembraron terror, racismo y agresión en Bolivia”.

Este domingo, cívicos  de Cochabamba se reunieron en la plazuela de Cala Cala para protestar contra la aprehensión de exautoridades de gobierno, como la expresidenta Jeanine Añez, así como de integrantes  RJC.

“El Gobierno nuevamente está coartando la libertad de expresión, de poder disentir,   han ido aprehendiendo a mucha gente que ha defendido a sus familias en Cochabamba, uno de ellos es Yassir Molina (…). Y otras personas más que están siendo perseguidas políticamente”, dijo uno de los manifestantes congregados a Unitel. 

“Lo ocurrido en 2019 no fue un golpe de Estado, más bien hubo un fraude descarado y   las exautoridades de turno escaparon del país”, agregó.

Sobre la  Resistencia

• Grupo La iniciativa de RJC se inició con siete jóvenes, todos  motociclistas. Durante los días de conflicto en octubre y noviembre de 2019 creció a 150 personas y actualmente supera los 5.000 miembros. A nivel nacional se estima que pasan los 20.000.
• Fiscalizador  Según su líder, Yassir Molina, se trata de “un sistema nacional de juventud para ser un ente fiscalizador y de control igual que hace la Unión Juvenil Cruceñista”.
• Conflicto Con aplausos, como si fuesen héroes que obtuvieron la victoria tras una dura batalla, con los rostros encapuchados, con uniformes de combate y armas caseras, los miembros de ese colectivo  hicieron frente a los grupos de choque del MAS en los días de conflicto a fines de 2019.