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En menos de diez días, el Gobierno tuvo fricciones con la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Gran Bretaña, Brasil y Estados Unidos (EEUU). En el caso de la OEA, Brasil y EEUU por sus posturas respecto a las aprehensiones de exautoridades. En relación con  la UE por su rol en la pacificación del país, y en el caso del Reino Unido por una supuesta injerencia y participación en el denominado “golpe de Estado”. 

“El Gobierno se hace daño a sí mismo en su imagen internacional. Bolivia necesita mirarse hacia dentro, resolver temas estructurales y proyectar al mundo de que es capaz, en democracia, de superar sus problemas estructurales como la  falta de independencia de poderes. Hay un discurso incoherente respecto a Almagro cuando él dijo que Evo Morales  podía ser candidato en 2019,  fue un invitado de lujo. Ahora es un intervencionista colonialista”, indicó   Álvaro  del Pozo,  experto en temas internacionales.

El primer episodio de fricción se registró  el 10 de marzo, cuando el canciller Rogelio Mayta informó que  convocó al embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Jeff Glekin, por la publicación de una nota en la que se acusa al Gobierno británico de una supuesta injerencia y participación en el “golpe de  Estado”.

Al respecto,  la embajada británica en Bolivia respondió en un comunicado que “de ninguna manera  se ha buscado interferir en asuntos internos” ni socavar la democracia del país,  y calificó de infundada y falsa cualquier sugerencia en ese sentido.

La nota difundida en el portal Declassified UK,  el 8 de marzo, fue observada por expertos en materia internacional, quienes señalaron que la hipótesis se sustentaba en conjeturas y carecía de pruebas objetivas.  

Cinco días después,  y tras el apresamiento de la expresidenta Jeanine Añez y los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, el 15 de marzo, el vocero presidencial Jorge Richter cuestionó el papel de la UE durante la crisis postelectoral de 2019 y afirmó que en su opinión, la representación en Bolivia de ese organismo propició  la instalación de un  gobierno “no constitucional”. En la misma línea, sectores sociales cuestionaron el rol  que tuvo  la UE.

La UE respondió en un comunicado:  “La mediación contribuyó a evitar más enfrentamientos, abrió puertas a la pacificación del país y permitió acuerdos que llevaron a la realización de elecciones transparentes en las que fue elegido el nuevo gobierno nacional. Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre intereses colaterales”.

Asimismo, el martes 16  de marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que analizan interponer   acciones legales contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro. “Pensamos que han sido irresponsables las actuaciones en relación a la auditoría realizada en Bolivia”, dijo Lima en respuesta al pronunciamiento de Almagro,  quien  señaló que la justicia nacional no está en condiciones de llevar adelante un proceso justo.

Mientras que la Cancillería emitió un pronunciamiento en el que afirmó que hubo injerencia de Almagro en el proceso electoral de 2019. “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa que llevará adelante las iniciativas necesarias para que las reprochables acciones de Luis Almagro no queden impunes”, se lee en el comunicado.

El 17 de marzo, la Cancillería comunicó que  convocó al embajador de Brasil, Octavio Henrique Días García Côrtes,  y a la encargada de Negocios de Estados Unidos,  Charisse Phillips, para pedirles que sus gobiernos no intervengan en asuntos internos de Bolivia.

Antes, el presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro,  y la  portavoz adjunta del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Jalina Porter, expresaron su preocupación por los acontecimientos relacionados con la detención de la expresidenta Añez y otras exautoridades;  además,  indicaron  que se espera se respete el Estado de Derecho en Bolivia.

Lindaura Rasguido, senadora del MAS,    indicó: “Como país libre, soberano e independiente no se puede permitir ningún tipo de injerencia en los asuntos internos de Bolivia, ése es un principio fundamental del derecho nacional público y de la soberanía de los Estados”. Mientras que Corina Ferreira, senadora de CC,    apuntó: “Lamentablemente la política internacional del país está tomando un rumbo que no es el más beneficioso. El hecho de tener roces como los hemos tenido últimamente afecta las relaciones multilaterales y bilaterales”.

Punto de Vista
Andrés Guzmán  Experto internacionalista

“Ha primado la línea evista”

Es innecesario enfrentarse a la comunidad internacional y a ciertos países por un tema que al final de cuentas es del anterior gobierno del MAS. 

Estamos pagando las cuentas de lo que fue el gobierno de Evo Morales, cuando el gobierno de Luis Arce pudo haber comenzado dando otra impresión a la comunidad internacional, aprovechando la oportunidad de proyectar una imagen de un país democrático, transparente, apegado al Estado de Derecho,  pero lamentablemente ha primado la línea “evista”,  tanto en la política interna, como en la política internacional y eso está pasándole factura al gobierno de Arce. Pudo haber evitado eso.

Perdemos oportunidades políticas,  comerciales, porque nos estamos peleando con todos y no es lo más inteligente. No se están  priorizando los intereses nacionales, sino se prioriza la ideología del anterior gobierno del MAS.

Cuando se habla de violación de Derechos Humanos ya no existe esto de la intromisión. La misma normativa del derecho internacional abre las puertas para que la comunidad internacional se pronuncie respecto a lo que pasa en otros países, como por ejemplo lo que ocurre en Myanmar;  hay varios países que se pronuncian de manera muy enérgica, eso no es injerencia ni intromisión. 

 Hay una obsesión con judicializar todo y ojalá esto pare ahí, porque la judicialización de la política exterior es un camino muy peligroso;  todavía tenemos pendiente el tema del Silala.