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La Fiscalía General del Estado admitió ayer tres de las cuatro proposiciones acusatorias presentadas por el gobierno de Luis Arce contra la ex dictadora Jeanine Añez y remitió la documentación al Tribunal Supremo de Justicia para el inicio de las investigaciones. La admisión de las tres acusaciones demoró seis días desde su presentación.

El Ministerio de Justicia presentó cuatro proposiciones acusatorias contra Añez, dos por presunta corrupción y otros dos por supuestas restricciones que asumió el gobierno transitorio durante la cuarentena por coronavirus. 

La Fiscalía admitió el “Préstamo Inconstitucional del FMI”, “Violación de la libertad de expresión en la cuarentena” y la “Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile”, según el Ministerio Público.

Con la admisión de los casos, la Fiscalía da el primer paso para los juicios de responsabilidades contra la exmandataria. Ahora, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia debe definir si las solicitudes son remitidas o no al Órgano Legislativo. En caso de recibirlas, el Parlamento debe colocar los pedidos en consideración de los asambleístas, donde el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene dos tercios, sino mayoría absoluta.

La fundamentación de la acusación del Gobierno a la gestión de Añez señala que en marzo de 2020, a través del Ministerio de Economía, y en coordinación con el Banco Central de Bolivia, gestionó un préstamo ante el FMI sin aprobación de la Asamblea Legislativa. Los denunciados son Añez, el exministro del área  José Luis Parada  y el expresidente del BCB  Guillermo Aponte. Son acusados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Dos días después de ser confirmados los primeros casos de coronavirus en el país, el 12 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo 4179, Añez declaró situación de emergencia nacional por la presencia de la Covid-19 en el país. Desde entonces, en la primera ola, se aplicó una estrategia basada en la restricción.

A partir del 22 de marzo  rigió en todo el territorio nacional una cuarentena total aplicada por el Decreto Supremo  4199. La norma determinó que los estantes y habitantes en Bolivia debían permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la cuarentena total.

El tercer caso para la solicitud de juicio de responsabilidades está vinculado a bolivianos residentes en Chile que denunciaron la vulneración de sus derechos humanos el 2020 debido al cierre de fronteras que les impidió ingresar al país durante la emergencia sanitaria. En marzo de la gestión anterior, durante la primera ola de contagios, el gobierno determinó la medida restrictiva. 

Centenares de compatriotas que residían en Chile decidieron volver al país por los efectos de la pandemia; sin embargo, fueron impedidos de ingresar a territorio nacional y se quedaron en frontera. Ante la emergencia, tuvieron que instalar un campamento para los afectados, sobre todo, para niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.