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Desde 1996 hasta 2020 sólo se ha logrado el saneamiento y titulación de 89 millones de hectáreas, de las 109,8 millones de hectáreas que hay en el país, es decir un 86%, lo que significa que el proceso se ha estancado. La Fundación Tierra pide revisar todo  el proceso para identificar   tráfico de tierras, adjudicaciones y autorizaciones de asentamientos ilegales.

“Durante los últimos 15 años, el INRA realizó la tarea de regularizar los derechos de propiedad de la tierra en todo el país. Hasta 2020 los resultados llegan alrededor 89 millones de hectáreas y nos resta atender el 14% todavía para concluir esta tarea”, informó el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, durante su informe de rendición de cuentas final 2020.

Precisó que de esa cantidad, 5,5 millones de hectáreas están en proceso, y 6,7 millones de hectáreas están paralizados o registran conflictos. A la fecha se han emitido 1,3 millones de títulos y hay más de 2,7 millones de beneficiarios.

Entre 2006 y 2019 se  titularon cerca de 80 millones de hectáreas y se invirtieron    alrededor de 236 millones de dólares y el costo promedio por hectárea fue  de tres dólares. “En el 2020 con el quiebre institucional que ha tenido el país, los resultados han disminuido dramáticamente; se ha titulado un millón de hectáreas a un costo de 7,7 dólares la hectárea y se han gastado unos 8,1 millones de dólares”, mencionó.

Agregó que entre 1996 y  2019 se recuperaron para el Estado tierras fiscales por una cantidad de 26,5 millones de hectáreas. También se distribuyeron a los pueblos indígenas de tierras altas y bajas 24 millones y a los campesinos interculturales otros 24,4 millones de hectárea. Los empresarios recibieron alrededor de 12,8 millones de hectáreas.

Irregularidades

El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, afirmó que si bien el proceso de saneamiento está atrasado, el INRA debe poner énfasis en identificar las observaciones que hay con el tráfico de tierras, adjudicaciones ilegales de grandes propiedades a privados o las autorizaciones de asentamientos a comunidades.

 “Desde nuestro punto de vista, el INRA y el Viceministerio de Tierras deberían revisar todas estas observaciones, denuncias de obrados, porque se  tiene graves irregularidades y que son temas que no se los puede dejar”, consideró Colque.

En su criterio, el INRA debe tener como pilares  la transparencia de la titulación de los últimos diez años, algo que se ha escondido y no se ha informado.

Un segundo elemento, sugirió,  es dar seguimiento desde el INRA y mantener los juicios y procesos, que en muchos casos están probados en diferentes instancias judiciales como el  tráfico de tierras y  uso de documentos falsificados, con el fin  de adueñarse de las tierras fiscales.

Por último, se debe  verificar el cumplimiento de la Función Económica Social (FES) y revisar la entrega de documentos de asentamientos a comunidades que no existen o gente que ha vendido esas tierras. 

“Los que pierden con este tipo de hechos son los indígenas de tierras bajas, que han sido despojados y que esperaban que culmine el saneamiento en las  TCO que faltan, pero hay ocupación de otros. También están los campesinos, que son lo que trabajan las tierras y tienen todo el derecho de buscar el saneamiento”, afirmó Colque.

Plazos

La  1715 de 1996 del INRA, establecía un plazo de diez años para concluir el proceso de saneamiento de tierras en el país. 

Tras no cumplir la meta, en  octubre de 2006 mediante  la Ley 3501 se amplió el plazo en siete años.

Es decir que  en  octubre de 2013 debía  concluirse  el proceso de regularización del derecho de propiedad agraria, pero apenas se llegó al 60% y se aprobó la   Ley 429, para dar fin a la labor.

 
La conclusión del saneamiento    dará seguridad jurídica a propietarios del área rural y permitirá contar con información catastral actualizada sobre el acceso y tenencia de la tierra en Bolivia.