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El Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) emitió ayer un comunicado en el que pide la liberación de las exautoridades del gobierno transitorio. La Cancillería del Estado calificó el pronunciamiento como una “desafortunada muestra de injerencia en asuntos internos”.  

“Hacemos un llamado al Gobierno boliviano para que deje claro su apoyo a la paz, la democracia y la reconciliación nacional, incluso liberando a los exfuncionarios detenidos en espera de una investigación independiente y transparente sobre las preocupaciones sobre los derechos humanos y el debido proceso”, se lee en el comunicado firmado por el Secretario de Estado, Antony J. Blinken.

Asimismo, el Departamento de Estado norteamericano subraya que los recientes arrestos de funcionarios del gobierno transitorio “no están en consonancia con los ideales democráticos de Bolivia” y expresa su preocupación por “signos de politización del sistema legal” en el país.   

 EEUU se suma así a las declaraciones de organizaciones bolivianas e internacionales  que plantearon públicamente  serias dudas sobre la legalidad de las detenciones y la base acusatoria. Observaron, además, aparentes violaciones al debido proceso  y advirtieron sobre la naturaleza politizada de la persecución del Gobierno boliviano. 

Desde la detención  de la expresidenta Jeanine Añez, la madrugada del 13 de marzo, y de los exministros  Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, el 12 de marzo,  al menos cinco organismos internacionales y otros dos  países, además de EEUU, se han pronunciado observando las detenciones y solicitando el respeto al debido proceso.

El 12 de marzo, el director ejecutivo de Humans Rights Watch, (HRW), José Miguel Vivanco, advirtió  que las “órdenes de captura contra Añez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de ‘terrorismo’”.

El 13 de marzo, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos  en Bolivia exhortó a que los casos en contra de exautoridades se cumplan con el debido proceso.

Ese mismo día el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell Fontelles, llamó a que la justicia sea “transparente y sin presiones políticas”.

El 13 de marzo también se pronunció la Organización de los Estados Americanos  (OEA) y en un comunicado dijo que el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de “juicio justo”.

El 14 de marzo  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que se dé garantías mínimas para la defensa de la expresidenta interina Jeanine Añez y sus dos exministros, ante denuncias por inobservancia de las garantías judiciales en la ejecución de aprehensiones.

El 16 de marzo el Gobierno brasileño expresó este martes su “preocupación” por la detención de la expresidenta Añez y otras exautoridades de su gobierno.

El 26 de marzo el presidente de Chile, Sebastián Piñera afirmó en una entrevista en CNN “que no puede ser que la justicia esté subordinada al gobierno de turno. En una verdadera democracia hay separación e independencia de poderes”.

La Cancillería dice que el comunicado es   muestra de injerencia 

 La Cancillería boliviana respondió al comunicado firmado por el Secretario de Estado de EEUU, Antony J. Blinken, señalando que “ese tipo de pronunciamientos son una desafortunada muestra de injerencia en asuntos internos”   que “no contribuyen a desarrollar una relación de mutuo respeto entre nuestros Estados”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores señala que este tipo de declaraciones transgrede el principio de no injerencia previsto en el Artículo I, numeral 2, del Convenio Marco de Relaciones Bilaterales de Mutuo Respeto y Colaboración suscrito entre los Estados Unidos de América y el Estado Plurinacional de Bolivia, el 7 de noviembre de 2011”, indica el comunicado. 

La Cancillería boliviana además enfatiza que  el Estado “recuperó la democracia a partir de la asunción al mando del presidente Luis Arce Catacora, el 8 de noviembre de 2020, reponiéndose la plena vigencia de  los derechos y garantías constitucionales y los definidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.

Se remarca, además, que Bolivia reitera toda su predisposición para mantener y fortalecer relaciones de amistad con toda la comunidad internacional, con base en el respeto a su soberanía y autoderminación.