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Permitirá completar el marco normativo de protección a 5.600 menores que se encuentran bajo tutela del Estado, mediante la agilización de los procesos de adopción.

“Nuestra posición contundente desde el Gobierno nacional está vinculada a que toda niña, niño o adolescente tenga una familia. Si no tuvieron familia de origen por una situación de abandono o por vulneración de derechos y el Estado tuvo que retirar a ese niño de su familia biológica, la adopción es una opción cualitativa, segura y ahora queremos que sea ágil”, explicó Durán.

Un estudio realizado en 2016 por el Ministerio de Justicia develó que en el país existían 8.369 niñas y niños institucionalizados. Tras la aplicación del marco normativo y políticas públicas impulsadas en los últimos años, la cantidad se redujo a 5.600 menores que viven en hogares de acogida.

“Desde el Gobierno nacional, hay la posición de que existan menos hogares y más familias. La cultura de adopción ha venido refrendada desde el marco normativo, la Ley 1168 (de abreviación procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y adolescentes), que data del año 2019, generó cambios cualitativos para la abreviación procesal de adopciones”, aseveró.

La directora agregó que la permanencia de niños y niñas en hogares o centros debe ser la medida excepcional, y para evitar el abandono se deben aplicar políticas públicas específicas.