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El Juez Público de Partido del Trabajo y  Seguridad Social Nº 1 de Riberalta, expidió mandamiento de aprehensión contra ex ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por incumplimiento al auto intimatorio para cancelar beneficios sociales a un trabajador que fue despedido unilateralmente.

La orden fue emitida el pasado 19 de diciembre y está dirigida contra Guillermo Achá, quien cuando se inició el proceso laboral,  era presidente ejecutivo interino de YPFB; Karen Lola  Guzmán Tellería, directora general legal; William Alave Laura, jefe de Unidad de Procesos; y Marcelo Cayapa Quispe, asesor legal Distrito Comercial Amazónico de YPFB.

El año 2016 el  trabajador Víctor Hugo  Suárez Churipui fue despedido de sus funciones que cumplía en la ciudad de Guayaramerín y presentó demanda por pago de beneficios sociales por Bs 100.000, según reportó radio Riberalta de la red Erbol.

El proceso laboral fue ganado en el juzgado de primera instancia y ratificado en Tribunales de Alzada para el cobro de beneficios sociales. Sin embargo la parte jurídica de la empresa estatal  habría presentado una serie de acciones dilatorias para impedir el pago.

El juez ordenó que los mencionados ejecutivos sean conducidos a celdas policiales hasta que honren la cantidad establecida en la Sentencia Nº 76/2016, encomendando su ejecución y cumplimiento a cualquier autoridad de la Policía Boliviana, no impedida por ley.

Los abogados del demandante manifestaron que pese a que YPFB es una empresa rentable, se vulneran los derechos laborales y no se pagan beneficios sociales, pese a que el Gobierno proclama de manera permanente respetar el derecho de los trabajadores.

De los ejecutivos mencionados, Guillermo Achá guarda detención domiciliaria por el caso taladros, y William Alave actualmente es vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

mg