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A casi un semestre de gestión, los legisladores nacionales sancionaron 14 leyes: 12 el Senado y dos la Cámara de Diputados. El proceso de fiscalización fue casi nulo en este tiempo.

Analistas consideran que el trabajo desarrollado por la actual Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no responde a las necesidades de la población, más aún frente a la pandemia de la Covid-19 que afecta al país. Su rol como poder del

Estado no tuvo mayor preponderancia.

El artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE) determina las atribuciones del Órgano Legislativo, entre ellas la obligación de “dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas”, “controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas”,  

“Si revisamos las normas o proyectos de ley que han aprobado los asambleístas en la Legislatura 2020-2021 no tienen mayor preponderancia para la sociedad ni son estructurales, por ejemplo, que tengan que ver con la reactivación económica, la generación de empleo, entre otros”, señala la politóloga Patricia Velasco.

Según la información del Senado, registrada en su página oficial, en lo que va de esta legislatura el pleno de esta instancia aprobó cuatro proyectos de ley y llevó adelante 89 sesiones ordinarias.

Mientras, la Cámara de Diputados tuvo una mayor labor, aprobó 14 proyectos de ley y sesionó en 85 oportunidades.

Leyes de relevancia

Entre las leyes sancionadas en el Senado y remitidas al Ejecutivo para su promulgación están: de presupuesto General 2021, de Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (RE-IVA) y de Régimen Excepcional y

Transitorio para la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales (Elecciones Subnacionales 2021).

Las otras normas hacen referencia a la transferencia de bienes inmuebles o terrenos y otra a la declaratoria de prioridad nacional la incorporación de tramos de la ciudad de El Alto a la red vial fundamental.

En tanto, en la Cámara de Diputados se sancionó dos normas remitidas desde la Cámara de Senadores para su revisión, estas son la Ley de Emergencia Sanitaria y la Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), ambas propuestas por el Órgano Ejecutivo y objetadas por los legisladores de la oposición.

Leyes objetadas

La Ley de Emergencia Sanitaria en principio fue aprobada en el Senado y remitida a Diputados, instancia que modificó tres artículos por observaciones de los médicos del país, sobre el derecho a la huelga, la vulneración de las autonomías y el contrato de profesionales médicos del exterior.

Diputados devolvió el proyecto de ley al Senado y éste la sancionó, pese al rechazo del sector salud por considerarla inconstitucional y vulnerar varios derechos.

Desde el 19 de febrero pasado, que fue promulgada dicha norma, el sector de salud del país lleva adelante un paro de actividades y una serie de medidas de protesta para exigir su abrogación.

El Gobierno invitó al sector de salud a participar en la reglamentación de la ley, propuesta que fue rechazada. La ley tiene ya casi dos meses de vigencia y no cuenta con una reglamentación.

“Las movilizaciones (contra la ley) van a continuar hasta que se la abrogue. Esperemos que en el transcurso de los próximos días se dé una respuesta favorable a nuestra solicitud de diálogo. El martes los médicos inician un congreso nacional del sector”, expresa un comunicado de la entidad colegiada de los médicos.

“Este conflicto podría haberse evitado el Gobierno, cuando los trabajadores en salud solicitaron una audiencia al Senado para considerar algunos cambios antes de su sanción, pero les fue negada y con su mayoría (el Movimiento Al Socialismo-MAS) se impuso el documento”, señala Velasco.

Otra de las leyes promulgadas que no fue bien recibida por todos los sectores es la de Impuestos a las Grandes Fortunas. Esta fue cuestionada particularmente por los empresarios.

“Lo que estaría haciendo de alguna forma (esta ley) es desincentivar realmente la inversión formal en este país; creemos que se tienen que generar las condiciones necesarias, donde se genere riqueza y cuando tengamos excesiva riqueza en este país, se puede dar este tipo de medidas”, sostuvo en su momento el gerente ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui.

La vigencia de esta ley es permanente y de acuerdo con los cálculos alcanzará a más de 150 personas. La medida impositiva se aplica a extranjeros que tuviesen inversiones o patrimonio en el territorio nacional.

Falta de debate

La mayoría del MAS en ambas cámaras, en otrora con dos tercios, impuso la práctica del rodillo parlamentario en la aprobación de las principales leyes, un ejercicio que generalmente obedece a una consigna y cierra toda opción de debate o aporte.

“El debate no siempre debería ser del lado de la oposición, también debería surgir en el mismo seno del oficialismo, por la representación diversa, pero se aplica la consigna de aprobación en conjunto, lo que les generó el calificativo de levantamanos”, indica la politóloga Velasco.

Incluso, el debate que es imprescindible en las comisiones parlamentarias queda en nada, porque el partido mayoritario, que modificó los dos tercios en el procedimiento legislativo, les permite aprobar solo con mayoría.