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Un día como hoy, el 20 de mayo de 2020, el entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, era aprehendido por el caso Respiradores. En un año, la lucha contra la pandemia del COVID-19 en Bolivia pasó de las restricciones y hechos de corrupción en el régimen de Jeanine Áñez a las medidas de prevención y vacunación masiva en la gestión del presidente Luis Arce.

En 2020, Bolivia enfrentaba una pandemia desconocida para el mundo. En ese contexto de la emergencia sanitaria, el 14 de mayo, durante su régimen, Áñez hizo entrega de 170 respiradores de procedencia española de la marca Respira a través del intermediario IME Consulting.

En un acto oficial en el Hospital Japonés de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dijo: “Hoy, llegaron 170 respiradores artificiales al país y dejamos 30 en Santa Cruz por ahora. Nuestro Gobierno hace los mayores esfuerzos por cumplir con los hospitales, médicos y enfermeras, para que tengan las condiciones de atender a los pacientes con coronavirus. También, llevamos equipos de laboratorio y vamos a trabajar porque necesitamos más”.

Al día siguiente, las denuncias de presuntas irregularidades para la adquisición de los equipos no se dejaron esperar, sobre todo en las redes sociales. Se priorizó la corrupción antes que la vida de los bolivianos. Ante las alertas, trabajos de fiscalización con participación de la Policía y el Ministerio Público al proceso de contratación de los 170 respiradores hallaron irregularidades.

La Dirección General de Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional corroboró que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), entidad contratante de los equipos con fondos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no convocó a representantes de la cartera de Estado para participar en la fiscalización de dicho proceso.

Solicitó a la Aisem la información sobre el proceso de contratación; sin embargo, recibió la respuesta de que no se contaba con la documentación, debido a que la compra fue hecha de manera directa y en coordinación con el Ministerio de Salud, según información oficial del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

El Decreto Supremo N° 4174 del 4 de marzo de 2020 establecía que el Ministerio de Salud podía, de manera excepcional, efectuar la contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría de personal en salud en la emergencia de salud pública.

En ese contexto, el 19 de mayo, se identificó que el entonces director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela fue, desde el sábado 09 de mayo, parte de la coordinación con el objetivo de apresurar las gestiones para la contratación, incluso, llegando a estar físicamente en la Aisem los días 11, 12 y 13 de mayo, coordinando de manera personal todo el proceso de adquisición de los respiradores.

Ese martes 19, se aprehendió a Valenzuela con apoyo de la Policía y la Fiscalía Departamental de La Paz para que se lleven adelante las investigaciones por las irregularidades en la compra de los 170 respiradores. Un día como hoy, el 20 de mayo de 2020, el entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, fue aprehendido también. A la lista de investigados, se sumaron el empresario e intermediario de la compra, Fernando Humérez; el entonces cónsul de Bolivia en España, Alberto Pareja; Pau Sarsanedas, Gerente de la GPA Innova, e Iñaqui García, de la empresa IME Consulting, entre otros. Las investigaciones continúan.

El 7 de mayo de 2021, el exministro de Salud, Marcelo Navajas, quien se encuentra con detención domiciliaria, dijo, en una declaración ampliatoria ante la Fiscalía, que Jeanine Áñez y el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, están involucrados en el caso de los respiradores españoles.

Su abogado Osvaldo Zegarra reveló que Murillo presionó a la Aisem para la compra de los 170 respiradores y que junto a Áñez presentaron los equipos en Santa Cruz, en mayo de 2020, sin consentimiento de Navajas por un afán mediático durante la cuarentena rígida.

El precio por respirador, según GPA Innova, es de $us 10.421 sin accesorios; sin embargo, el régimen acordó un pago de $us 27.683 por cada equipo a intermediarios. Pagó un adelanto de $us 2,2 millones de los $us 4,7 millones.

Luego, se conoció que los equipos no eran aptos para terapia intensiva, sino para atención en ambulancias y terapia intermedia.

Si bien ese caso fue uno de los más polémicos debido a que se descubrió en plena emergencia sanitaria, en marzo de 2021, la Fiscalía Departamental de La Paz imputó formalmente a la exministra de Salud, Eidy Roca, por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso de otros respiradores, esta vez de procedencia china.

Se la investiga porque la exautoridad firmó presuntamente de forma irregular el anexo dos de enmienda al contrato de la compra de 344 respiradores chinos, en 2020, respecto a las especificaciones técnicas a pesar de que ella tenía conocimiento de que la propuesta de la empresa Grupo AGEM Ingeniería y Proyectos SAU Sucursal Bolivia tenía 40 observaciones.