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El Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos se querelló contra el exministro Arturo Murillo, bajo la sospecha de ser parte de una conspiración para recibir sobornos y lavar dinero, dos delitos federales de “alta gravedad”, del grupo de leyes que persiguen la corrupción.

La demanda está basada en los resultados de una investigación que se desarrolló durante 17 meses, entre noviembre de 2019 y abril de este año, e identificó la captación de $us 1,2 millones en efectivo o a través de transferencias electrónicas en Estados Unidos y Bolivia. 

Este monto representa el 50% del sobreprecio que pudo pagar el país por un lote de gases lacrimógenos y armamento no letal. La coima fue “pagada” por la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) que cobró $us 5,6 millones al Estado boliviano por esas municiones luego de haberlas adquirido a una compañía en Brasil, pero por solo $us 3,3 millones.

 Por eso es que el Departamento de Seguridad Nacional también se querelló contra los propietarios de la intermediaria, los ciudadanos estadounidenses Luis Berkman y Bryan Berkman, quienes pudieron salir en libertad luego de pagar una fianza por $us 800.000; Philip Lichtenfeld, el empresario norteamericano de origen argentino que fue contratado como “enlace” para esta operación y que está detenido en Miami. Allí también están arrestados Murillo y su amigo Sergio Rodrigo Méndez, quien fue su jefe de gabinete durante su paso transitorio por el poder.