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El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, espera que el amparo constitucional que interpuso contra la Fiscalía Departamental por el caso de contratos irregulares, se resuelva a su favor y se investigue en profundidad. 

Este miércoles, a las 13:00 horas se conocerá el resultado del Amparo Constitucional interpuesto contra la determinación del Fiscal Departamental, Róger Mariaca, de cerrar el caso de contratos irregulares. La demanda involucra 1.205 contratos suscritos entre enero y marzo de 2021.

El burgomaestre asegura que estará presente junto al equipo jurídico del municipio. El amparo debe ser resuelto por la sala tercera del Tribunal Constitucional de Santa Cruz, que tiene un plazo de 24 horas para emitir la resolución. La presencia de Mariaca está en duda, puesto que el fiscal se encuentra en Sucre.

Con el escándalo de los ítems fantasmas, el Fiscal General de Estado anunció la reapertura de este caso y pidió las indagaciones respectivas. El propio Mariaca manifestó ayer que el caso de contratos irregulares fue retomado nuevamente.

Desde la Alcaldía se aguarda la notificación oficial, "por eso acudimos al amparo constitucional", manifestó el alcalde cruceño.

El 28 de mayo, cuando todavía no cumplía un mes en el cargo, Jhonny Fernández presentó una denuncia por 1.205 contratos irregulares. En la documentación presentada se refería a contratos sin las debidas firmas o que carecían de los respaldos requeridos.

Tanto el fiscal encargado al caso como el fiscal departamental después, rechazaron la denuncia. Fernández considera que se tomó una decisión apresurada puesto que "no se investigó nada sobre el caso", tampoco fue considerada la documentación presentada como prueba.

Los contratos irregulares suponen un segundo caso de manejo discrecional de contratos e ítems municipales. El alcalde pide a los investigadores que crucen la información de ambos casos para verificar si esos 1.205 contratos tienen que ver con los 800 ítems fantasmas que se investigan a raíz de la denuncia de Valeria Rodríguez.

Como institución afectada, la Alcaldía está colaborando con la comisión de fiscales para que se profundicen las pesquisas. "Se esta trabajando, revisando la documentación año a año, las gestiones anteriores. Esa información la vamos a ir pasando a la comisión de fiscales", dijo Fernández a la red Unitel.

Fernández cuestionó la acusación de Comunidad Autonómica, que asegura que la UCS se benefició con 199 contratos o ítems fantasmas. 

Para el alcalde, las denuncias deben "ser serias y respaldarse con documentación", por lo que pide a los concejales que presenten las pruebas ante la Fiscalía.

Si embargo, considera que es un "juego político" y por ello adelantan nombres de manera irresponsable.  "No contesto a acusaciones políticas", respondió tajante cuando fue abordado con las denuncias contra UCS.

El Deber