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El carnet de vacunación anticovid ya es un documento oficial en Bolivia “de carácter nacional, portable, verificable, seguro y gratuito”, sin embargo, para quienes quieren ejercer su “derecho a no vacunarse” existe otra alternativa.

En 13 lugares concurridos del país será un requisito tener por lo menos la primera dosis o, caso contrario, una prueba de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa por sus siglas en inglés) con una antigüedad máxima de 48 horas. 

La misma medida se aplica para las personas que quieran realizar un viaje al interior del país. Las empresas de transporte interdepartamental aéreo, terrestre, fluvial y férreo están a cargo de solicitar este documento antes del abordaje. 

Por otro lado, los funcionarios públicos deben presentar el certificado de vacunación en las oficinas de Recursos Humanos o la prueba PCR cada semana para certificar que no tienen COVID-19.

Las determinaciones se encuentran enmarcadas en los Decretos Supremos 4640 y 4641 del 22 de diciembre y entrarán en vigencia desde el 1 de enero de 2022 para los mayores de 15 años y desde el 1 de febrero para los menores con el objetivo de “proteger a la población boliviana”.

Los 13 lugares en los que solicitará el carnet de vacunación con el esquema completo o, caso contrario, con la primera dosis para los nuevos vacunados son las instituciones públicas; instituciones privadas; entidades financieras; religiosas; centros comerciales; mercados; supermercados; unidades educativas; universidades; institutos técnicos; instituciones educativas en general; lugares de entretenimiento; y otros espacios donde exista aglomeración.

La inmunización contra la COVID-19 comenzó a finales de enero con el personal de salud de primera línea y se amplió progresivamente hasta incluir desde el pasado 9 de diciembre a los niños de 5 a 11 años con la autorización de sus padres o tutores legales.

En el país se aplican las vacunas Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer y Janssen.

GRATUITO

El certificado del carnet de vacunación será gratuito y podrá generarse desde la plataforma del Ministerio de Salud dentro de 7 días, como máximo, dice la norma.

También se habilitarán dos aplicaciones móviles: Unidos contra el COVID y Ciudadanía Digital, esta última que deberá activarse en un plazo no mayor a 45 días.

La presentación del documento puede ser de manera física o digital en formato PDF.

En el caso de las pruebas PCR, el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE), es el único autorizado para el registro y acreditación de los resultados de laboratorio para diagnóstico coronavirus.

Por otro lado, las instancias que requieran la verificación de la autenticidad de los datos del carnet podrán efectuarla en línea y de forma gratuita, mediante la aplicación móvil Unidos contra la COVID u otros mecanismos establecidos por el Ministerio de Salud.

En caso de no contar con conexión a internet, los datos verificados corresponderán a la fecha de generación del carnet.

POR SALUD

El ministro de Salud, Jeyson Auza, señaló que en la socialización de la norma se explicó a distintos sectores que ante la cuarta ola que azota al país se tiene las opciones de retornar a los confinamientos o asumir medidas para garantizar la vacunación.

"Nadie está dispuesto a volver a una cuarentena, nos ha costado mucho reactivar la economía de nuestro país, pero también tenemos que establecer medidas que coadyuven con aquella estrategia que está siendo la más efectiva en cuanto al combate contra la COVID-19", justificó.

La norma también establece que el fin es precautelar la salud y la vida de la población, “fortaleciendo la cobertura de vacunación con esquema completo contra la COVID-19”.

Hasta el miércoles, Bolivia acumula 570.876 casos positivos y 19.496 decesos a causa de la covid-19 desde marzo de 2020, y se aplicaron un total de 9.440.426 fármacos entre primeras, segundas y terceras dosis y vacunas unidosis a su población "vacunable".

DIPUTADOS

Por otro lado, los diputados de oficialismo y oposición que no cuenten con el certificado de vacunación o prueba PCR actualizada, como manda el Decreto Supremo 4640, no serán habilitados para las sesiones presenciales en la Cámara de Diputados, advirtió el presidente Freddy Mamani, según Urgente.bo.

Además, el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) reconoció que algunos de sus colegas del oficialismo en la Cámara Baja no están todavía vacunados, pero tampoco se les obligará por lo que deberán presentar 48 horas antes de la sesión su prueba PCR “por obligación moral”.

Finalmente, el Decreto Supremo 4640 establece la ampliación de las medidas de bioseguridad hasta el 30 de junio de 2022, conforme al comportamiento epidemiológico de la COVID-19, y “en el marco de la responsabilidad personal, familiar y comunitaria”.

Está el uso obligatorio, permanente y adecuado de barbijo; lavado frecuente de manos con agua y jabón; uso del alcohol al 70% y/o alcohol en gel; distanciamiento físico de 1.5 a 2 metros entre personas; y evitar el uso de espacios cerrados o no ventilados en la realización de actividades.

Critican el pago por las pruebas PCR

El pago de las pruebas PCR, establecido en el Decreto Supremo 4640, genera polémica.

Según el director de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes, Freddy Armijo, citado por Urgente.bo, las personas no vacunadas deben pagar de “sus propios bolsillos” la prueba si es que quieren asistir a ambientes cerrados o viajar desde el 1 de enero de 2022.

“En caso de que la persona, no esté enferma y no sea portador de una vacuna, la PCR va a tener que ser pagada por la persona, va a tener que salir de su propio bolsillo”, declaró.

Dijo también que una prueba en un laboratorio privado cuesta entre Bs 200 y Bs 400. 

“No puede ser una prueba antígeno nasal, eso no vale. Deberá ser una prueba PCR”, subrayó.

Según la norma, el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) será el único autorizado para el registro y acreditación de los resultados de laboratorio para el diagnóstico de COVID-19.

“Aquellas servidoras o servidores públicos, personal de empresas públicas y personal de las empresas que cuenten con participación accionaria mayoritaria del Estado, que decidan no vacunarse, deberán presentar los lunes de cada semana la prueba RT-PCR negativa emitida hasta setenta y dos (72) horas antes, cuyo costo será asumido por éstos, no siendo válidas las pruebas emitidas por los Subsectores Público y de la Seguridad Social de Corto Plazo", dice el artículo 3.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, sugirió que, si vacunarse no se obligatorio, el Gobierno debería garantizar la gratuidad de la prueba PCR, porque ese es el requisito que el Decreto exige para quienes no quieren recibir las dosis de vacuna.

Calificó la norma como desesperada e improvisada, además alertó que se afecta a la gente más humilde y del área rural. 

“Es un Decreto que viola lo que es la Constitución y las leyes porque hay una Ley de Emergencia Sanitaria donde dice que no es obligatorio vacunarse, por lo tanto, que nos expliquen bien si están en contra de su propia ley y si están pisoteando la Constitución”, advirtió.

Para Larrea, la medida se estableció porque el Gobierno no llegó a la meta de inmunización, tomando en cuenta que tiene a disposición 20 millones de vacunas, de las cuáles usó nueve.

Anteriormente ya criticó que el país esté acumulando dosis sin tener una estrategia de vacunación.