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El viceministro de Justicia, Jaime Siles, informó que esta semana se emitirá el auto de apertura de juicio en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y otros nueve acusados por el caso Golpe de Estado II. Incluso se prevé la sentencia para marzo o abril.

En una entrevista brindada a radio Cepra, la autoridad indicó que “el día miércoles (12 de enero) se estaría dictando auto de apertura de juicio y, conforme a procedimiento penal, en 45 días tendríamos que estar iniciando el juicio oral público y contradictorio”.

Incluso planteó un plazo para que el juez emita un fallo en este proceso sobre la “ilegal” proclamación de Áñez, el 12 de noviembre de 2019. “En marzo, máximo abril de este año, (es posible que) tengamos la primera sentencia contra la señora Áñez por este caso Golpe de Estado II”, añadió.

Plazos

Dijo que el martes 11 vence el plazo para que los involucrados en la investigación presenten sus pruebas de descargo ante las acusaciones y, por eso, el miércoles se anunciaría el juicio.

Entre los implicados están Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor, que se encuentra encarcelado en San Pedro de La Paz; también Jorge Mendieta, excomandante general del Ejército, quien guarda detención en San Pedro. La imputación se extendió a Jorge Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea, ahora encerrado en Palmasola de Santa Cruz, y Palmiro Jarjuri, excomandante de la Armada Boliviana, internado en la cárcel paceña de Patacamaya.

La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty presentó un proceso contra Áñez por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, delitos que se le atribuyen por el derrocamiento del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, en medio de la crisis poselectoral.

Por este caso, denominado Golpe de Estado I, guarda detención, junto a dos de sus exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, desde marzo de 2021.

Fraccionamiento

Luego, el caso fue dividido, porque se presentó otra acusación por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, por las acciones que desarrolló para asumir “irregularmente” la presidencia del Senado y luego la presidencia del Estado.

“Fueron notificados ya todos los involucrados. Son 10 personas involucradas a la cabeza de Áñez, comandantes y exmiembros de las Fuerzas Armadas, de la alta cúpula militar y policial”, dijo Siles.

Desde que está detenida, la salud física y mental de la expresidenta ha sido objeto de un tira y afloja entre ella y sus abogados, apoyados por opositores, y autoridades gubernamentales. Para garantizar su estabilidad fue valorada en varias oportunidades por distintos especialistas médicos, quienes refrendaron que atravesó un cuadro de depresión profunda.

En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la solicitud de sus abogados de otorgarle medidas cautelares y así cerró el caso. Sin embargo, le recordó al Gobierno que es obligación del Estado garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de libertad.