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El incidente de nulidad presentado por la defensa del gobernador de Tarija, Adrián Oliva, contra la imputación que se le formalizó por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en la compra del cemento asfáltico para la construcción de la carretera Santa Ana-Yesera, fue declarado improcedente, por lo que el proceso continuará su curso.

El 15 de noviembre del 2017, la defensa de Oliva planteaba el recurso legal, suspendiéndose así la audiencia cautelar en el Juzgado Segundo de Instrucción Penal, que conoció las observaciones que daban cuenta sobre irregularidades en el proceso de notificación o elaboración de la imputación realizada por el Ministerio Público.
Si bien en ese momento se calificó la acción legal como dilatoria, el día de ayer el Juzgado Segundo emitió su fallo rechazando el recurso, que fue declarado sin lugar, lo que fue respondido inmediatamente con un anuncio de apelación por parte de la defensa del gobernador Adrián Oliva para lo cual el Ministerio Público se prepara.
Al respecto, el gobernador Oliva explicó que comparece para responder a la justicia, pero al mismo tiempo está retomando las actividades del trabajo, en un año que dijo es de reactivación económica.
“(…) No creo que se deba penalizar el trabajo, se debería penalizar la corrupción, otro tipo de cosas, en este caso no corresponde que se nos castigue por ejecutar. Yo tengo cerca de 200 kilómetros de carretera asfaltados en mi gestión; eso a mí me genera orgullo… Tengo la conciencia tranquila, lo que me interesa es avanzar para poder desarrollar el departamento. Tarija tiene que mirar el futuro”, expresó.

mg