Video

“Desde el año pasado se vino haciendo una revisión de la documentación que se tiene a un proyecto que se ha designado más de 50 millones de bolivianos,  y todavía se tiene un saldo por cancelar, pero hay muchas anomalías que hemos encontrado a un comité multidisciplinario para la revisión de esta documentación, no vemos la justificación del proyecto, la ficha ambiental y sobre todo cual ha sido el impacto social” precisó al respecto Marcela Guerrero, Presidenta de la Comisión Jurídica del Concejo Municipal.

En el proceso de fiscalización se revisará las cámaras y realizará una petición de informe escrito, con las autoridades de turno, porque en la recepción no hay ninguna observación sobre este equipamiento.

Las principales observaciones están relacionadas al funcionamiento de las cámaras, su emplazamiento y el que no cumplen su función social para beneficiar a toda la población, y no se tiene un presupuesto, como también cantidad y costo de las que no se tiene precisión.

“Lo que pretendemos como concejo es tomar las acciones que sean necesarias y hacer un análisis de cómo le podemos dar funcionalidad a Bs 50 millones, en la documentación decía que tenemos que digitalizar la ciudad, y hay que darles funcionabilidad a todos los recursos destinados y paralelamente iremos viendo responsabilidades de los servidores públicos que han tomado malas decisiones” finalizó la concejal.