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El abogado de la Asociación de Víctimas Judiciales, Marcial Huanca, denunció que en Cochabamba existe un consorcio criminal de jueces, fiscales y peritos que actúa en función de una ONG con el propósito de lograr “sentencias a medida” para mostrar resultados con fines de obtener financiamientos millonarios.

La denuncia documentada fue presentada a una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional con más de una decena de nombres de los funcionarios judiciales que actúan de manera conjunta en varios casos investigados y que tienen como resultado procesos “fraguados”.

“De la investigación que estamos haciendo y de los documentos que se han elaborado, tenemos que en realidad se trata de un consorcio, nosotros lo hemos calificado como un consorcio criminal porque entiéndase, vuelcan las investigaciones para sacar sentencias de manera adecuada a sus intereses, lo que significa que están metiendo personas inocentes a las cárceles simplemente para obtener un resultado”, señaló Huanca a ANF.

De las denuncias que nos llegan a la Asociación, señaló el jurista, existen casos en los que de manera recurrente a parecen nombres, por ejemplo, como el de Mirtha Montaño, exvocal de Cochabamba, ahora detenida, que siendo jueza está involucrada “en varios de los procesos que actualmente están denunciados como fraguados”.

Otros implicados en estos casos son Henry Mayda García, miembro de Tribunal de Sentencia Penal número 4, los fiscales Cinthia Prado, Patricia Centeno y Ximena Narváez, que han estado ligados de manera recurrente en la gran mayoría de procesos que estamos investigando, dijo Huanca.

“Mucha gente se queja de estos operadores de justicia, porque precisamente lo más terrible es que se encuentra de manera recurrente sus nombres en los procesos y dentro de esa misma línea nosotros, en la investigación que hicimos en casos de violación montados, tenemos también a la médica forense Miriam Rocabado Carvajal, que es la que ha firmado muchos certificados médicos forenses en los cuales ni siquiera hizo la evaluación a la víctima”, señaló.

Todos estos funcionarios, agregó Huanca, están vinculados a la organización CUBE, que mediante talleres de asesoramiento de formación y de capacitación a jueces, fiscales, miembros del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) -médicos forenses, psicólogos, trabajadoras sociales, policías-, Sedeges (Servicio Departamental de Gestión Social), defensorías y los Slim (Servicio Legal Integral Municipal), los adiestra en cómo actuar en los casos penales que la ONG presenta.

Entonces, “cuando uno llega a un proceso penal, con la capacitación que han tenido, se llega a que el juez que estaba participando en el juicio ha sido capacitado por la ONG, que participa con sus abogados como acusadores; el fiscal que ha participado de la capacitación actúa como parte del Ministerio Público; y, la Defensoría de la Niñez actúa también capacitado por esta organización”, denunció el jurista.

Enfatizó que todos estos funcionarios están relacionados de tal manera que en las sentencias y los procesos que se han tramitado en estos juzgados, todos figuran en los expedientes donde aparece CUBE.

Según las investigaciones realizadas por Huanca, presentar resultados con sanciones condenatorias, sobre todo en casos de violación, es la base de la ONG para obtener un mayor presupuesto cada año.

Ya anteriormente, dijo, hemos aportado a la Asamblea Legislativa Plurinacional pruebas de que la ONG CUBE recibía 600.000 dólares al año por este tipo de trabajo, y estos recursos han ido creciendo hasta llegar a 1,5 millón de dólares en 2018.

“No tenemos datos de 2019 ni de 2020, pero sí los vamos a tener; entonces esos datos significan que ha ido creciendo exponencialmente en la captación de dinero, dinero que ellos justifican como manejo de capacitaciones, manejo de asesoramiento terapéutico y manejo terapéutico de centros de acogida”, indicó.

Otra de las denuncias en contra de la organización es la manipulación de las víctimas mediante los centros de acogida para menores de edad, a los cuales la institución “tiene el acceso irrestricto para modificar, chantajear y preparar a los menores de edad, para que puedan declarar de la forma como ellos han querido que sea en el proceso”.