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Oporto coincidió así con el ministro de Hidrocarburos Franklin Molina, quien expresó hace algunos días que “las condiciones del mercado y de la industria petrolera requieren un ajuste”, y con el presidente de la Cámara de Industrias Ibo Blazicevic, quien afirmó que el país precisa de un nuevo marco regulatorio que no sea asfixiante para YPFB, ni para cualquier otra compañía que decida invertir en actividades de exploración y explotación, “sin cambiar la Constitución, para atraer más inversiones”.

El Director de Milenio precisó que “es positivo que ahora se enfatice en la necesidad de grandes inversiones y de una nueva visión de la política sectorial, pero también es indispensable asegurar la continuidad de los mercados de Brasil y Argentina ya que perderlos sepultaría las esperanzas de recuperación de la alicaída producción boliviana”.

Oporto cuestionó la política de hidrocarburos de los últimos quince años porque, según su interpretación, “privilegió maximizar la renta petrolera con la explotación acelerada de los campos previamente descubiertos, descuidando la exploración de nuevos yacimientos, y apostó a que YPFB podría sustituir el papel de las compañías petroleras extranjeras en el desarrollo hidrocarburífero del país. Este ha sido un grave error, producto de una visión estatista e ideologizada, que lo que ha hecho es ahuyentar las inversiones privadas y privarle al país del aporte del capital extranjero en las tareas de exploración y explotación”, dijo

Frente a esto, considera que se debe aprobar una nueva Ley de hidrocarburos, suficientemente idónea y efectiva para atraer y movilizar la inversión extranjera que establezca un sistema tributario para las etapas de exploración y explotación, flexible y progresivo en función de los niveles de producción, restitución de reservas y precio final de venta. “Esta es una condición necesaria a fin de incentivar el interés de las compañías petroleras de invertir capital de riesgo, con un horizonte de largo plazo”, afirmó.

“Por otro lado, se debe replantear el papel de YPFB en la cadena productiva y en la administración de contratos. La experiencia demuestra que YPFB no ha cumplido bien ninguna de estas dos funciones; ser “juez y parte” es perjudicial para la industria hidrocarburífera y por tanto para el interés nacional”, concluyó