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El paro de 48 horas de la Central Obrera Departamental (COD), el paro indefinido del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y el paro y bloqueo de los choferes potosinos literalmente cercan a la ciudad de Potosí. Todos en demanda de  la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal.

Los dirigentes de la Central Obrera Departamental (COD) anunciaron que el paro de 48 horas dispuesto por la Central Obrera Boliviana (COB) culmina hoy con una marcha de protesta a desarrollarse en  horas  de la tarde, partiendo de la plaza El Minero.

De acuerdo con las disposiciones del Comité Ejecutivo Nacional de la COB, en caso de no existir atención del Gobierno nacional a la demanda del pueblo boliviano se convocará a un paro de 72 y horas y posteriormente a la huelga general indefinida.

El ejecutivo de la COD, Heriberto Chavarría, agradeció al pueblo potosino y a sus organizaciones por apoyar el paro de 24 horas y el de 48 horas que buscan la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal que fue promulgado en el mes de noviembre de 2017.

COMCIPO

Los delegados de organizaciones afiliadas al Comité Cívico Potosinista declararon el paro indefinido en demanda de la abrogación de esta norma.

La medida cumplió ayer sus primeras 24 horas.

La conclusión que salió de la reunión de consejo consultivo, la noche del miércoles 10 fue clara: la población de Potosí parará actividades hasta que la cuestionada norma legal sea abrogada.

El paro general tendrá carácter movilizado porque así está previsto por la organización cívica que en el pasado desarrolló un paro por 17 días en 2010 y otro de 27 días en 2015, en exigencia de atención a pliegos regionales.

En esta oportunidad destacan que la norma es cuestionada porque afecta los derechos fundamentales de la población, con la intención de consolidar un sistema político totalitario afectando la democracia es es un sistema de gobierno previsto en la Constitución Política del Estado.

TRANSPORTE

El transporte pesado inició el bloqueo de caminos en la garita San Antonio y a partir de ayer cuenta con el apoyo de los transportistas sindicalizados que ganaron las calles que fueron bloqueadas con sus unidades de trabajo.

El ejecutivo de la Federación  de Choferes 1ro de Mayo, Raúl Alcoba, anunció que la movilización contra el nuevo Código del Sistema Penal se desarrolla en solidaridad con sus compañeros del transporte pesado.

"Nuestra movilización no tiene nada que ver con la convocatoria de la Central Obrera Departamental o el Comité Cívico Potosinista", destacó Alcoba ayer en contacto con el Potosí.

Alcoba destacó también que si el Gobierno viabiliza el diálogo con su sector podrían levantar las medidas de presión y buscar mejoras, a través de las pláticas, pues consideran que toda norma tienen sus limitaciones, pero que también puede ser mejorada.

CONTUNDENTE

Juntas, las tres movilizaciones mostraron una contundencia enorme, pues se bloqueó zonas a las que antes no se llegaba como la avenida Murillo y otras de la parte baja.

La Villa Imperial estaba completamente cercada por los gurpos de control y las calles cerradas por los trabajadores, vecinos y transportistas que mostraron gran disciplina a las convocatorias de sus respectivas organizaciones.

Los comerciantes que apoyan a la organización cívica se movilizaron gran parte de la jornada exigiendo el cierre de las tiendas y negocios que en las primeras horas del día estaban funcionando con normalidad.

Muchos dueños de tiendas mostraron su molestia con las movilizaciones y destacaron que pagan alquiler mensual por lo cual deben trabajar durante todo el mes para cubrir ese costo y lograr alguna ganancia para mantener a sus familias.

Un comerciante de la zona central dijo que quienes convocan a los paros deberían lograr que los dueños de las tiendas suspendan el pago del alquiler por los días no trabajados, pero lamentó que se vean obligados a cancelar por los 30 días, aunque no tengan venta alguna como ocurrió en otros paros de esta naturaleza, desarrollados en pasadas gestiones.

VENTA

El Potosí evidenció que algunos comerciantes se dieron modos para vender sus productos en las diferentes zonas de la Villa Imperial.

En la zona del mercado Uyuni se encontró un camión que distribuía diferentes productos para el comercio, para lo cual se valía de un carrito de mano.

Otros esperaron que los grupos de control pasen por el sitio donde está su tienda e inmediatamente la volvieron a abrir contando con una personas en condición de "campana" para avisar cuado algún grupo de control se aproximaba.

Los pequeños comerciantes también desarrollaron sus labores como la venta de refrescos, helados, sandwiches, comida y en algunos casos ropa y otros productos.

Comerciantes minoristas que venden diversos productos aprovecharon el cierre de las calles para comercializar desde películas en cedé hasta jugos y masitas.

Los bloqueadores se dieron modos para pasar el tiempo. En algunos casos, desarrollando reuniones de coordinación y de análisis sobre los problemas que enfrentan y en otros jugando cartas o ludo.

Algunos de los movilizados se les consultó sobre las causas del conflicto y cuestionaron el nuevo Código del Sistema Penal, pero son muy pocos los que pueden identificar artículos específicos que afectan a su sector, como es el caso de los transportistas.

MOVILIZACIÓN

Los involucrados en las tres movilizaciones no perciben una solución pronta al conflicto porque no creen que en el menor tiempo el Gobierno del presidente Evo Morales abrogue esta norma que hoy es cuestionada.

Algunos sostienen que están viendo la forma de adquirir algunos alimentos y otros productos esenciales porque no saben qué tiempo pueda durar la movilización, pero una mujer que bloqueaba las calles afirmó que es desocupada y que no tiene dinero para comprar alimentos para hacer frente a una larga movilización.

Varios ciudadanos consultados por  este medio de comunicación dijeron que si tienen que esforzarse, todos tienen que dar de su parte para que presionen al Gobierno.

Son partidarios de no permitir que algunas personas puedan vender sus productos a ocultas en precios superiores y pidieron que toda la población controle ese extremo para evitar que algunos resulten ganadores de una acción que asume la población demandando garantizar los derechos ciudadanos a través de un paro y los boqueos de calles.

Cooperativistas amenazan con el desbloqueo

El presidente de la Federación  Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), Sandro Lugo, anunció que los mineros no descartan la posibilidad de desbloquear los puntos de cierre en las calles, porque dijo que no pueden permitir una movilización que afecta a los propios potosinos.

Para hoy está prevista una reunión de los presidentes de las cooperativas, oportunidad en la que analizarán todo lo hecho por ese sector que se considera afectado por la movilización cívica, puesto que los cortes de las vías impiden su actividad regular como el comercio de las cargas.

Lugo afirmó que el sistema cooperativo minero consta de alrededor de 20 mil personas, las que podrían salir a las calles para despejar los bloqueos que habrían sido dispuestos por activistas políticos, a quienes calificó como "disfrazados de dirigentes cívicos".

El dirigente minero convocó a la población a no dejarse engañar por activistas políticos y llamó al Gobierno a que busquen el diálogo con el objetivo de mejorar todo aquello que se deba corregir en la mencionada norma.

Las declaraciones del presidente de Fedecomin fueron respondidas por el presidente de Comcipo, Jhonny Llaly, quien replicó que Lugo sería responsable si es que se produce algún daño personal o material.

Llally aseveró que el pueblo potosino consta de más de 200 mil personas que harían respetar la movilización contra el nuevo Código del Sistema Penal que fue promulgado por el Gobierno en noviembre de 2017.

Los dirigentes de las ferias de comercio de Potosí pidieron que Lugo reflexione sobre la actual movilización de todo el país contra el Código Penal porque se trataría de un instrumento juridico atentatorio al ciudadano boliviano.

Información errónea

El gobernador Juan Carlos Cejas hizo pública una carta abierta al pueblo potosino en la que destaca que los días 10 y 11 de enero varios sectores se movilizaron contra el Código Penal, pero –a su juicio– hay una mentira o información erronea sobre los artículos que supuestamente afectarían a sus intereses.

Destacó que los artículos 205 y 137 que fueron cuestionados por los médicos y los transportistas fueron derogados, por lo cual no existe posibilidad de afectar a esos sectores.

Respecto a una supuesta afectación tributaria a los comerciantes que se movilizan, dijo que esas personas no están inscritas en ningún régimen impositivo por lo cual no pueden estar sujetos al régimen penal.

Afirmó que se miente cuando se dice que los trabajadores pierden su derecho a la protesta, sin tomar en cuenta la excepción a la norma cuando se trata de la defensa de derechos constitucionales.

Se destaca la evolución legislativa de un código aprobado en dictadura a otro aprobado en democracia.

Cejas envió notas solicitando a los sectores que especifiquen los artículos cuestionados.

mg