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En una audiencia pública, pobladores y autoridades de San José y de la provincia Chiquitos determinaron frenar el desalojo de menonitas de Valle Verde, resolución emitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

“Suspender la ejecución del lanzamiento, desalojo de las familias de la comunidad campesina Valle Verde. Esta decisión fue respaldada por todos los presentes”, reza al acta de audiencia pública de fecha 15 de febrero.

De la reunión participaron los concejales del municipio, el alcalde de San José, miembros del comité cívico, asambleístas departamentales, el subgobernador de la provincia Chiquitos, el asesor jurídico del INRA, Wilder Ríos y pobladores del lugar.

Además de frenar el desalojo de menonitas, se solicitó una reunión de emergencia con el director departamental del INRA, Adalberto Rojas, para analizar y resolver la situación jurídica de las tierras fiscales.

Asimismo, las autoridades de San José se declararon en emergencia para precautelar las tierras. Por último, exigieron al INRA regirse a las normas nacionales e internacionales que versan sobre el respeto a los derechos humanos.

El lunes, llegaron a la comunidad Valle Verde unos 300 policías, funcionarios del INRA y un grupo de interculturales para desalojar a un grupo de menonitas apostados en un predio de Los Guayacanes.  

Al respecto, la diputada de Creemos, María René Álvarez, calificó el freno al desalojo como una causa justa en defensa de las tierras chiquitanas y de departamento.

“La verdadera fortaleza de los Chiquitanos es la unidad, nuestro compromiso, nuestro amor por nuestra tierra, por nuestra gente. No bajaremos los brazos ante los atropellos abusivos de las autoridades gubernamentales”, publicó en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el diputado Erwin Bazán, acusó al Movimiento al Socialismo (MAS) de controlar a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y al INRA para atropellar las tierras del oriente. Pidió al gobernador, Luis Fernando Camacho, convocar una vez más a la Comisión Agraria Departamental (CAD).

“La construcción del puente sobre el Río Parapetí y el desalojo a la comunidad menonita cerca de San José son un ejemplo de ello. Ante ese escenario, le pedimos al Gobernador Luis Fernando Camacho que convoque una vez más a la CAD porque es el espacio llamado por ley donde debemos resolver estos problemas”, manifestó.

Añadió que la ausencia de la CAD posibilita que el MAS avasalle las tierras y afecte de forma negativa al medio ambiente.