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La disolución del contrato del Bus de Transporte Rápido (BTR), le podría costar a la ciudad cerca de siete millones de dólares por concepto de daños y perjuicios, esto ante la negativa a aceptar la medida de la empresa Chuturubí, con la que se firmó el mismo, cuyos representantes indicaron que si no llegan a un acuerdo, irán a los estrados judiciales.

De acuerdo al detalle ofrecido por el representante legal, Limberth Ulloa, la empresa realizó inversiones por 900 mil dólares en la compra de 5 buses, a lo que se debe sumar el pago a la empresa importadora Crown, por 5 millones 280 mil dólares, por la importación de otros 25 buses y, adicionalmente, el pago de 700 mil dólares por costos operativos; por lo que el total del monto que deberá pagar la Alcaldía, para dejar sin efecto el contrato sería cerca de siete millones de dólares.

“Chuturubí responde en forma negativa a la intención de ambas personas de resolver de manera unilateral el contrato administrativo, dado que la causal invocada por las autoridades, para intentar resolver el contrato, es improponible. Los argumentos que el Alcalde (Jhonny Fernández) ha colocado en su propuesta de disolver el contrato tienen una prioridad política antes que técnica, económica o social. Por lo tanto, se tomarán las acciones legales correspondientes contra el municipio, por los daños ocasionados a esta empresa”, aseveró Ulloa.

Por su parte el presidente de la línea 17 y 18, Percy Rojas, reforzó esta posición señalando que los argumentos para disolver el contrato no son válidos e instó a la Alcaldía a revisar su decisión, pues el perjuicio ocasionado a la empresa y al municipio es muy grande.

“Nos sentimos afectados, engañados por disolver el contrato de esta manera”, acotó.

El alcalde Jhonny Fernández, ratificó que el contrato del BTR no va más, pues la empresa ya fue notificada y la defensa legal de la comuna tiene una serie de respaldos técnicos que sustentan esta decisión, además de pruebas, por supuesto favorecimiento en la adjudicación a la empresa Chuturubí.

“Ya se firmó y ya se notificó a la empresa y serán los abogados los que vean este tema. Hay una observación de fondo de parte de la Controlaría y ahí claramente dice que ha sido un contrato que tiene vicios de nulidad y de beneficios a los que fueron parte de este contrato”, dijo la autoridad edil.

Al respecto, el fiscal que lleva el caso por supuesto sobreprecio en el proyecto del BTR, Alexander Mendoza, indicó que son diez los imputados que aún no tienen fecha para su audiencia, pero que solicitarán la detención preventiva de todos, a excepción del exalcalde, Percy Fernández, a quien se favorecerá con medidas cautelares con una fianza de Bs 100 mil.