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Dijo que esas transgresiones fueron reconocidas no solo en el Informe de la GIEI sino en otros reportes internacionales y por el relator de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.

Dijo que esas transgresiones fueron reconocidas no solo en el Informe de la GIEI sino en otros reportes internacionales y por el relator de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.

“No podemos interrumpir años de democracia y luego creer que eso va quedar ahí, son recomendaciones de expertos de organismos internacionales y nosotros como Gobierno vamos hacer el seguimiento respectivo y estamos en ese camino”, indicó.

“Estamos hablando no de persecución, acá estamos hablando de justicia para las familias víctimas y todo lo que ha significado la interrupción del orden constitucional”, añadió.

“Ya lo había dicho el Presidente cuando se presentó el informe, nosotros vamos a cumplir (con las recomendaciones del GIEI), tenemos un tema pendiente con nuestra población boliviana, no puede quedar en la impunidad el golpe de Estado, la interrupción del orden constitucional que desencadenen en masacres de Senkata y Sacaba”, manifestó.

Este miércoles, el embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, confirmó que el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribirán en las siguientes semanas un acuerdo para el seguimiento a las recomendaciones del GIEI-Bolivia respecto a los hechos de 2019.

El informe del GIEI-Bolivia sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 establece 36 recomendaciones para el Estado Plurinacional, la sociedad civil boliviana y la CIDH. Entre esas recomendaciones están:

-Investigar –de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas–, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en este informe y otros similares.

-Que las investigaciones recaigan sobre todas las violaciones de derechos humanos y otros actos delictivos respecto de los que existen indicios, así como sobre todos los niveles de responsabilidad penal, inclusive la autoría mediata.

-Que las investigaciones sean iniciadas de oficio, y conducidas de manera oportuna y propositiva, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes.