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El objetivo es identificar irregularidades y sancionar a los responsables. Hasta el momento, ya viabilizó la investicación de cinco jueces y ejecutaron 18 órdenes más.

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, instruyó la conformación de una comisión de alto nivel para investigar presuntas irregularidades en la justicia y sancionar a los responsables. La decisión fue asumida luego de que se develara que Richard Choque, un feminicida serial, fue beneficiado por el exjuez Rafael Alcón con detención domiciliaria pese a contar con una sentencia ejecutoriada sin derecho a indulto.

Esta comisión está conformada por autoridades de los tres órganos del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y es presidida por siete mujeres: la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; la presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial, Karen Gallardo; la senadora de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Virginia Velasco; la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani; la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón; la directora general del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud), Wendy Pérez y la defensora del Pueblo,  Nadia Cruz.

Además, tienen la participación del Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima; el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo; el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico  Rodríguez;  el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia,  Ricardo Torres; el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina; el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paul Franco; el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa;  el Procurador del Estado, Wilfredo Chávez, y  el Comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera.

Avances de la investigación

Tras las investigaciones de la comisión, se descubrió una serie de irregularidades porque algunos operadores de la justicia beneficiaban de manera ilegal a personas privadas de libertad y con sentencias condenatorias, incluso ejecutoriadas.

La Fiscalía y la Policía develaron la existencia de consorcios de jueces, fiscales, abogados que beneficiaban a los privados de libertad que tenían sentencias ejecutoriadas, según las investigaciones preliminares hasta la fecha se tiene a cinco jueces investigados por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

Entre los jueces investigados están Rafael Alcón, quien otorgó detención domiciliaria a Richard Choque Flores, sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por la violación y muerte de una menor de edad.

Otro caso corresponde a Abraham Aguirre, por dar  beneficiar Marcelo Alejandro, sentenciado a 30 años por asesinato, y a Felipe Froilán Molina alias el “Killer”, condenado a 30 años de cárcel por la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Vidalia Morales, jueza en Chuquisaca que otorgó libertad a un violador sentenciado a 25 años de cárcel es otro de los casos.

Asimismo, Manuel Baptista, juez 1ro de ejecución penal acusado por la liberación de Abraham Peters Dick, el menonita condenado por violar a 150 mujeres en la colonia Manitoba.

Tabién, Hernán G.Q., juez Segundo de Ejecución en lo Penal de la ciudad de La Paz, por otorgar detención domiciliaria a Teresa E. G., una mujer sentenciada a 30 años de cárcel por los delitos de Organización Criminal, Secuestro y Asesinato con Agravante.

Recapturados por la Policía Boliviana

El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, informó que hasta la fecha ya se tiene el 75 % de efectividad en cuanto a recapturas de los delincuentes quienes lograron evadir la justicia con ayuda del “consorcio” y estaban con detención domiciliaria.

“Periódicamente van incrementándose las órdenes (de aprehensión) de las cuales existe un porcentaje de efectividad superior al 75 por ciento”, informó Aguilera.

Detalló que hasta la fecha el Ministerio Público emitió 26 órdenes de aprehensión de lo que se ejecutaron 18.

Entre los recapturados están:

Rubén C., apodado como el “descuartizador”, quien victimó a una mujer en el 2004 y fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto en Santa Cruz; sin embargo, el exjuez Rafael Alcón lo benefició con detención domiciliaria.

Félix. A. F. G., sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato de una joven modelo en el 2001, en Cochabamba y también obtuvo detención domiciliaria con Alcón.

Lionel C. sentenciado a 30 años de cárcel por violación y asesinato de una menor de edad en el 2009 y el exjuez Alcón le dio detención domiciliaria.

Siriaco C. F., quien tenía sentencia por el delito de asesinato cometido el 2005 en Quillacollo (Cochabamba), sin embargo, fue beneficiado por la jueza Patricia M. M., quien le otorgó detención domiciliaria.

Seferina Q. M., quien tenía una sentencia condenatoria de 30 años, sin derecho a indulto por el asesinato de sus hijos de 8 y 10 años, en el 2002, sin embargo, fue beneficiada por el juez José A. S., con detención domiciliaria. Este caso ingresa a la investigación de la Comisión en la categoría de infanticidios.

Rómulo M. A., quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de tráfico de sustancias controladas en el 2017, fue beneficiado con detención domiciliaria por el exjuez Juan José A. S., y ahora fue recapturado en la ciudad de El Alto.

Abram Peter Dick  quien fue sentenciado a 25 años de cárcel por la violación entre 2008 y 2009 de 150 mujeres en una comunidad menonita ubicada en el poblado ‘Pozo del Tigre’ en el departamento de Santa Cruz, quien gozaba del beneficio de libertad condicional.

Acuerdos interinstitucionales

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para intercambiar información sobre el cumplimiento de sentencias en las cárceles a nivel nacional.

El Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado firmaron un convenio para generar mecanismos de intercambio de información en tiempo real para hacer seguimiento y control de los procesos penales con prioridad, en los casos de feminicidio, asesinato, infanticidio, violación.

El Ministerio de Gobierno, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC), dirección administrativa y financiera del Órgano Judicial, suscribieron un acuerdo interinstitucional para interconectar sus sistemas informáticos y facilitar acceso a la información a la población litigante.

Con este acuerdo, se espera que Bolivia cuente con un sistema informático único para garantizar trasparencia en el Órgano Judicial, plasmando un nuevo modelo de gestión judicial que permitirá acortar los plazos en los procesos judiciales y que la población litigante pueda hacer seguimiento a los casos desde su celular o computadora.

La comisión identificó que uno de los problemas en el Órgano Judicial era la falta de comunicación e interrelación entre los distintos sistemas, lo que dificultó realizar un seguimiento efectivo de los casos y por lo que muchos delincuentes lograron salir de las cárceles con ayuda de malos operadores de la justicia, por lo que ahora se realizó la firma de convenio entre ocho instituciones.

Autoridades informaron que durante esta jornada se informará sobre los nuevos avances de la comisión que realizó la fiscalización de 135 casos identificados, los cuales los sentenciados no se encuentran en los centros de privación de libertad.