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El Gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, prorrogó, a partir de este sábado, el estado de emergencia declarado en la región Puno, al sureste de Perú, por 30 días, durante los cuales las fuerzas armadas brindarán apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno.

La surandina Puno está bajo estado de emergencia desde inicios de año, cuando estallaron las protestas contra Boluarte y el Congreso, debido a las masivas movilizaciones y bloqueos de caminos que prácticamente paralizaron esa región entre enero y febrero pasados, hechos que dejaron 18 muertos en la ciudad de Juliaca.

De acuerdo con un decreto supremo firmado por la mandataria y varios ministros de Estado, en Puno se continuará con la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personales.

Asimismo, la intervención de la Policía Nacional y las fuerzas armadas se ciñe a las normas que regulan el uso de la fuerza por parte de la Policía y las reglas de empleo y uso de la fuerza de los institutos armados.

También se cumplirá en el marco del "Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad".

Al término del estado de emergencia, la Policía Nacional debe entregar al ministerio del Interior un informe sobre las acciones realizadas durante la vigencia del estado de excepción y sus resultados.

En mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y aseguró que ha encontrado casos de "ejecuciones extrajudiciales" en la región Ayacucho.

"Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", señaló el organismo, con sede en Washington, en un extenso informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Las manifestaciones de protesta en Perú dejaron 49 muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y más de una veintena adicional por hechos vinculados a las movilizaciones, entre diciembre y febrero pasados.