Video

Las cooperativas auríferas de La Paz se declararon oficialmente a partir de este viernes en estado de emergencia,  en rechazo a más de siete artículos del Código del Sistema Penal por considerarlo conculcador de los derechos individuales y colectivos, además de abrir una puerta al acoso selectivo a dirigentes sindicales y a los bolivianos.

Exigen la abrogación del Código toda vez que la tipificación del delito en muchos de los artículos, es atentatoria contra las cooperativas mineras y otros sectores.

La emergencia rige a partir de la fecha y exigen al Gobierno cumplir el artículo 214 de la Constitución Política del Estado para participar en el diseño de un nuevo Código del Sistema junto a otros sectores sociales.

Los presidentes de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman LP - LR), Felipe Ochoa y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco La Paz), Remberto Chávez, hicieron conocer de manera conjunta una resolución aprobada por una asamblea conjunta del sector.

El pronunciamiento señala que la Ley 1005, a título enunciativo y no limitativo, los artículos 126, 174, 198, 228, 258, 293, 294, y otros generan riesgo de penalizar, indebida, injusta y de forma desproporcionada varios de los actos de las actividades productivas, y económicas, financieras de las cooperativas mineras en general y de las cooperativas auríferas en particular, como también la de sus dirigentes, asociados en su calidad, según corresponda, de personas naturales o jurídicas.

Asimismo acusan al Código de generar riesgos de vulnerar, entre otros, la libertad, la dignidad  y seguridad de las personas, su libertad de pensamiento, de expresión, de creencias, como también riesgos de que se instauren procesos penales irregulares, con extorsión o generen un acoso selectivo de dirigentes cooperativistas, como también de líderes cívicos, sindicales, sociales o políticos que expresen su posición crítica o contraria al Gobierno de turno, puesto que deja al arbitrio de los abogados, fiscales y jueces la interpretación de las normas y más aún cuando el sistema judicial sea corrupto y no tenga independencia del poder político.

Ambas entidades dejan en constancia que el sector cooperativo aurífero-minero como organización civil y productiva organizada, no participó en el diseño de la Ley 1005 del 15 de diciembre de 2017 y que la ley promulgada vulnera derechos y reconocidos en la Constitución.

mg