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El Día del Estado Plurinacional no solo fue fiesta en plaza Murillo, también estuvo marcado por marchas de protesta, mitines, tractorazos y cacerolazos protagonizados porcientos de ciudadanos en diferentes departamentos del país e incluso fuera de las fronteras, exigiendo se cumpla la abrogación del Código del Sistema Penal y se respete el voto del referéndum del 21 de febrero que rechazó la repostulación del Presidente y Vicepresidente.

No bastó el anuncio del presidente Evo Morales de enviar una carta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que se abrogue la totalidad del cuestionado Código para desmovilizar a los colectivos ciudadanos, a la Central Obrera Boliviana (COB) ni al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), organizaciones que se autoconvocaron por instructivos y redes sociales para protestar de manera pacífica en demanda del respeto de la Constitución Política del Estado.

El artículo 168 de la Constitución señala: “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente o de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años y pueden ser reeelectas o reelectos por una sola vez de manera continua".

“Hasta que la abrogación no esté firmada no vamos a desistir, ya no le creemos (a Evo)”, “la palabra del Presidente sobre la abrogación tiene que cumplirse”, “¡Quiero que el voto del 21 de febrero se respete y se cumpla la abrogación del Código Penal!”, fueron las frases de ciudadanos cochabambinos en el cacerolazo protagonizado al mismo tiempo que Morales ofrecía su discurso por el octavo aniversario del Estado Plurinacional.

La gente llevó ollas, sartenes, cucharones y cubiertos para protestar en las principales calles de Cochabamba. Los vecinos de alrededores los aplaudían y los respaldaban con frases como: “¡Abrogación, ya!”. Este cacerolazo terminó en la plaza 14 de septiembre.

Simultáneamente en Santa Cruz, los comités cívicos de varios municipios protagonizaron un tractorazo, conocido como la caravana de tractores que hizo conocer su reclamo al Gobierno para cumplir la abrogación de la ley 1005 y el respeto al 21 de febrero.  “¡Nos cansamos de escucharte!”, le decían los ciudadanos, mientras una gran bandera boliviana flameaba en la concentración.

La marcha se inició en el cuarto anillo y avenida 3 pasos al frente, en la Villa Primero de Mayo, el tractorazo terminó en un mitin en la plaza principal.

En Tarija, Sucre y Potosí, los comités cívicos encabezaron las marchas con las banderas características de sus departamentos, y terminaron con mítines en sus plazas principales. “¡Evo de nuevo, huevo carajo!”, protestaba la gente. 

En la ciudad de La Paz, cientos de ciudadanos y una caravana de vehículos en la zona sur de La Paz salieron a protestar en las calles y exigieron respeto al resultado del referendo constitucional. 

Simultáneamente, una marcha que partió desde la plaza del Estudiante llevó un ataúd negro con el nombre del Sistema del Código Penal, tenía las fotografías de Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera y de los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores; Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales, respectivamente. 

Varios policías resguardaron las puertas de la Vicepresidencia y los alrededores de plaza Murillo para que de esta marcha no ingrese al centro político del país e interrumpa la celebración organizada por el Gobierno y las organizaciones sindicales y campesinas afines al MAS. No obstante, esto no fue impedimento para los marchistas quemaran el ataúd con las mismas consignas: abrogación de la 1005 y respeto al 21 de febrero.

El dirigente de los maestros urbanos, José Luis Álvarez, advirtió que las movilizaciones continuarán, hasta que no vean un documento escrito. “Mientras no haya una ley para que determine la abrogación del Código Penal, nosotros rarificamos para el día de mañana una  movilización y concentración”, señaló.

Por su parte el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, explicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional es el ente que debe emitir la abrogatoria de la ley 1005, porque fue la instancia en la que se aprobó la norma. “En términos jurídicos le corresponde a la Asamblea Legislativa la abrogación total de la norma, al Presidente no, porque él solo la promulgó”, aclaró.

El principal ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, recalcó que la abrogación de la “norma lapidaria” es fruto de la presión política de varios sectores, encabezados por el Conade. “Estamos en la obligación de declarar estado de emergencia, debe persistir el Conade hasta que se logre la  anulación del Código Penal en la Asamblea Legislativa”,  dijo.

Habló a nombre de la COB sobre el pedido del respeto al 21 de febrero y calificó a los políticos y opositores como “hipócritas”, por valerse del triunfo del pueblo y no así por sus méritos propios. “La COB repudia que el gran triunfo del pueblo sea utilizado como bandera por la derecha oportunista, que en su momento no denunció como se aprobó esa norma”, expresó.

El presidente del Colegio Departamental de Médicos de La Paz, Luis Larrea saludó la decisión de Morales sobre la norma, aunque aseguró que la próxima ley debe ser trabajada con todos los sectores. “Exigimos que todos los profesionales seamos convocados para la elaboración de un nuevo Código, que no se comience a trabajar sobre algo ya establecido”, agregó.

Las protestas de la comunidad boliviana en el exterior también se hizo sentir en Bilbao, España y en París, Francia, donde se escucharon estribillos: "Democracia Sí, dictadura No".

La pregunta del referéndum fue: “¿Usted está de acuerdo con la reforma del Artículo 168 de la CPE para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?”, ganó el No.

mg