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En el Tribunal de Sentencia Penal de Sica Sica se determinó una condena de ocho años de cárcel para Hidalgo Dionisio S. C. (20), acusado por el feminicidio de Lidia Flores Quispe (18) en Patacamaya, y la defensa de la familia afectada por ese crimen mostró su desacuerdo con el fallo.

La abogada Marisol Quiroga, miembro de la Alianza Libres de Violencia, dijo que se dictó esa sentencia porque en el proceso judicial el tipo penal fue cambiado a “lesiones seguidas de muerte”.

Es así que “se ha dictado esa sentencia de ocho años y se ha cambiado el tipo penal, (pese a que) en el juicio se demostró la manera brutal que la mató y violó”, manifestó la abogada.

El miércoles se debía dar la lectura inextensa de la sentencia, pero la audiencia fue postergada hasta nuevo aviso, entre tanto, la parte acusadora lamenta que la justicia no condene a Hidalgo por el delito de feminicidio.

De acuerdo a la Ley No 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el feminicidio es un delito que es penado con 30 años de cárcel y sin derecho a indulto, cuando se demuestra que la mujer fue asesinada por su condición de género.

El caso de Flores se constituye en un caso emblemático por las numerosas denuncias de presuntas irregularidades durante el proceso judicial.

La abogada aseguró que hay todas las pruebas que incriminan a Hidalgo por feminicidio.

“Es un caso que merece ser tomado como ejemplo para mostrar cómo (actúa) el sistema judicial. Se ha demostrado ante el Tribunal que fue un delito de feminicidio, se ha demostrado cómo la había arrastrado, con la cara en el suelo, por más de 18 metros”, remarcó.

El hecho sucedió el 30 de agosto de 2015, la madre de la víctima encontró a su hija sin vida en su dormitorio y con marcas de violencia física y sexual. 

Lidia tuvo una relación de dos años con Hidalgo.  Se conoce que esa noche él entró a su habitación y al parecer la convenció para salir a la fiesta del pueblo, luego la mató a unas cuadras de su domicilio.

A pesar de las declaraciones de testigos, pruebas periciales y el informe forense, el caso no fue tipificado como feminicidio.

 “Todas estas acciones nos han llevado a presentar tres amparos constitucionales contra vocales de la Corte de La Paz y contra la juez (Verónica) Juárez. Ha sido un caso atroz”, comentó Quiroga.

Además dijo que la Fiscalía ni siquiera presentó el protocolo de autopsia, ni las pruebas biológicas y presencia de espermatozoides que demostraban que la joven había sido víctima de violencia sexual antes de su muerte.

Elena Quispe Tantacalle y Julio Flores, padres de la víctima, han peregrinado durante más de dos años en busca de justicia. 

El miércoles, cuando se postergó la audiencia, denunciaron que no hay justicia para su hija porque ellos son humildes y no cuentan con dinero. 

Sin embargo, adelantaron que acudirán inclusive a instancias internacionales para que se juzgue a Hidalgo por feminicidio. 

“A mi hija la han matado como si fuera un animal”, dijo el padre.  “Yo voy a ir donde sea para hallar justicia”, agregó su esposa.

Quiroga, junto a la activista de derechos humanos y abogada Wendy Fernández, son quienes han dado seguimiento a este caso, en busca de hacer prevalecer lo estipulado en la ley 348.

mg