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La Asamblea Legislativa Plurinacional inició el sábado la interpelación a la ministra de Salud, Ariana Campero, por el paro médico que se extendió por más de 40 días, entre noviembre y diciembre.

La interpelación a Campero fue solicitada por diputados de oposición, quienes buscan conocer temas relacionados al conflicto médico en rechazo al Código del Sistema Penal, norma que respalda la clausura de farmacias y el presupuesto asignado a infraestructura en salud, entre otros, pero que ya fue abrogada

.@ArianaCamperoNa @MinSaludBolivia: En el país hay 3.902 establecimientos de salud, en 12 años de gobierno se han construido 1.032 y se prevé construir 49 más en los siguientes años. En #Bolivia hay 32.161 médicos con ítem y en general, hay 53.574 profesionales en salud— Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) 27 de enero de 2018

El pliego interpelatorio firmado por siete diputados consta de 15 preguntas.

El 5 de enero el Gobierno y dirigentes de los médicos firmaron un acuerdo que puso fin a un paro indefinido que duró más de 47 días en rechazo a la vigencia de un ente fiscalizador y en contra del artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal, que supuestamente criminalizaba a los galenos.

La ministra se refirió al trabajo realizado en la comunidad cochabambina de Aiquile con el programa Bono Juana Azurduy, bono que requirió una inversión de Bs 1.055 millones en los últimos años y benefició a más de 846.000 mujeres embarazadas y más de un millón de niños menores de dos años.

"Yo trabajé en el Bono Juana Azurduy como médica comunitaria en Aiquile, para los que dicen que no atendí ningún paciente, yo atendí partos, yo atendí mujeres embarazadas y reitero, era la única médica en Aiquile que se metía a las comunidades indígenas", aclaró Campero.

En cuanto a la pregunta sobre la deuda del Gobierno para las gestoras de salud del país, la ministra informó que la información recibida que la deuda es Bs 12 millones y lo desglosó de la siguiente forma.

"Reconocemos, hay una deuda del nivel central de Bs 12 millones y esto debe ser subsanado por las vías administrativas y legales. A la Caja Nacional de Bolivia se le debe Bs 10 millones y a la Caja Petrolera de Salud se le debe Bs 2,2 millones", afirmó Campero.///