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El Consejo de Sabios y de Capitanes de la Asamblea del Pueblo Guaraní “Itika Guasu” (APG-IG), será la instancia que definirá si las denuncias de presunto desfalco económico de los recursos que recibió este pueblo indígena del departamento de Tarija, como compensación a la exploración petrolera, se procesarán por la vía de la justicia originaria indígena o pasará a la justicia ordinaria en el Ministerio Público, con el fin de dar término a un tema que mantiene a dos bandos en una constante lucha de poderes, con litigios legales por la presidencia y por la administración de las cuentas bancarias que se encuentran en el extranjero.

En el 2016 se formalizó una denuncia penal en la que se solicitaba que se investigue el movimiento bancario realizado en el Fondo de Desarrollo de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG), entre 2010 y 2016, contrastando datos con la Autoridad de Servicios Financieros (ASFI), sin embargo, el proceso no prosperó por la falta de sustento y por la competencia de administración de justicia.
El Fondo de Desarrollo de la APG es la cuenta en la que se depositó dinero proveniente de compensaciones económicas que recibió el pueblo guaraní, por daños ambientales derivados de proyectos que se ejecutaron en su territorio. Los depósitos más relevantes son la compensación de la petrolera Repsol por la exploración hidrocarburífera del campo Margarita - Bloque Caipipendi, y la compensación de las empresas constructoras del Corredor Bioceánico, que pagaron 14,8 millones de dólares y 2,5 millones de bolivianos, respectivamente.
La finalidad del dinero que se tiene en el Fondo de la APG es la promoción económica, social, cultural y educativa de las comunidades, así como para la mejora de su calidad de vida en general, atendiendo todas sus necesidades según una planificación que debe realizarse de acuerdo a su Asamblea. Sin embargo estas son áreas en las que en muchas oportunidades los mismos dirigentes reconocieron existen preocupantes carencias.
Hace dos años entre las partes en conflicto, encabezadas por los dirigentes guaraníes Hugo Arebayo y Never Barrientos, se interpusieron denuncias que como trasfondo apuntaban a presidir la APG-IG, llegando a ventilarse los litigios primero en el juzgado de Entre Ríos en la provincia O´connor y luego en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Sucre, ya que surgieron acciones populares y amparos constitucionales, siendo el fallo final a favor de Arebayo. Pero el 14 de enero surgió nuevamente una elección donde Barrientos logró mayoría. 
Sobre el tema, el dirigente de la APG-IG, Never Barrientos, explicó que en su gestión no existen problemas pero sí en la de la ex directiva. Recordó que los representantes siempre alegan que desconocen los desfalcos, por lo que se espera llegar a esclarecer esta situación. “Ahora ya no hay dos directivas, no hay paralelismo y todo se ha vuelto a unir, lo que vamos a hacer es entregar a la Asamblea el tema para ver si pasa a la justicia ordinaria o indígena el desfalco del que se habla. El Consejo de Sabios será ahora el que decida”, agregó. 
A su tiempo, el dirigente de la APG-IG, Hugo Arebayo, indicó que siempre se ha actuado con transparencia y en función al fallo del TCP es que se procedería a realizar todos los trámites para poder destrabar las cuentas, que terminaron paralizadas en medio de los problemas dirigenciales, con el fin de dar paso a los proyectos que se enmarcan en las reglas del Fondo de Desarrollo del Pueblo Guaraní, ya que reconoció que existen necesidades irresueltas desde hace tiempo pese a que se encaran proyectos.

mg