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Al menos seis viviendas quemadas es el resultado de un avasallamiento en el sector de Tarene Chico, cerca de la comunidad Tahua, en la provincia Iturralde del departamento de La Paz. Detrás de estos hechos estaría la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz y los denominados interculturales.

Según un reporte de Erbol, el avasallamiento fue realizado por unas 800 personas que llegaron al lugar en busca de tierras, sin tomar en cuenta las normas que prohíben el asentamiento de gente en las reservas forestales.

Los presuntos avasalladores habrían ingresado al área forestal ExProinsa, una concesión forestal abandonada.

Ante aquella acción considerada como ilegal, el Consejo Indígena del Pueblo Tacana decidió celebrar una asamblea para llevar la denuncia ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entidades que se encontrarían impedidas de otorgar aquel territorio por mandato del Decreto Supremo N° 23022 promulgado en el gobierno de Jaime Paz Zamora.

Las denuncias de las autoridades del municipio de Ixiamas señalan que los intereses por apoderarse del sector también recaen en el sector minero para la explotación de madera. Se calcula que el territorio en riesgo por la incursión de los campesinos y los colonos es de unas 8.000 hectáreas.  

Según el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 23022, del 23 de diciembre de 1991, “se crea la RESERVA FORESTAL DE INMOVILIZACIÓN ITURRALDE, ubicada en la superficie geográfica de la provincia Iturralde del departamento de La Paz”

Además, en el artículo 5° señala que “queda prohibida toda otorgación o concesión de tierras con fines agropecuarios o colonización, en las áreas clasificadas por el presente decreto supremo”.

Contrariamente a esta norma, el Decreto Supremo N° del 11 de febrero de 2000, promulgado por el presidente Hugo Banzer Suárez, señala que “se levanta la prohibición del artículo 5 del Decreto Supremo N° 23022 de 23 de diciembre de 1991, en aquellas tierras comprendidas en los polígonos 2, 4 y 5 del área de saneamiento simple (SAN-SIM), que el Instituto Nacional de Reforma Agraria ejecuta, en cuyo mérito se respetará derechos y asentamientos humanos y se habilitará la ejecución de otros procedimientos previstos en la Ley N° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria”.