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Fernanda Dávila fue sentenciada a seis años de cárcel por estafa sometiéndose a un juicio abreviado de los muchos que tiene en su contra, pero sin ofrecer la reparación del daño.

No es el único caso que se ventila en el Juzgado 3° de Instrucción en lo Penal de la Capital, donde la jueza Ximena Mendizábal dijo que “son al menos cuatro”. Otras demandas por el mismo tipo de delito están en otros juzgados del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

El 13 de junio de 2017, Dávila, una mujer de estatura baja, delgada, que aparentaba algo más de 50 años y que decía a sus víctimas estar enferma de cáncer, fue atrapada en Potosí debido a que en su contra pesaban alrededor de 40 denuncias por estafa.

Según la investigación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Chuquisaca, la acusada solía alquilar casas íntegras para después ofrecerlas en anticrético haciéndose pasar como dueña con papeles falsificados.

Los anticréticos de cuartos y departamentos oscilaban entre los 2.000 y 22.000 dólares. Para no despertar dudas en los dueños, cancelaba puntualmente por el alquiler con el mismo dinero que recibía de los anticréticos.

No fue una víctima, sino varias que tras conocer la verdadera historia le siguieron un proceso penal.  Como van las cosas, la acusada no podrá evitar la cárcel. El martes se sometió a proceso abreviado y recibió una condena de cinco años, pero sobre devolver el dinero que recibió por el anticrético, nada. Es más, ni siquiera expresó su voluntad para reparar el daño.

La Jueza 3° de Instrucción en lo Penal de la Capital afirmó que la estafadora “no ha mostrado una pizca de arrepentimiento del perjuicio que ha causado”.  ¿Devolverá el dinero? No le interesa, contestó.  ¿Tiene con qué? No tiene nada anotado a su nombre, ningún bien, apuntó.

Al parecer, la acusada apunta a buscar una sentencia de todos sus procesos por la vía rápida, cumplir la pena máxima de cinco años y después salir libre. “Yo creo que está feliz en el penal cumpliendo una mínima condena”, dijo Mendizábal al manifestar que por “todo lo que ha hecho es una mínima condena”.

Si las denuncias fueran por estafa agravada (se considera así cuando hay múltiples víctimas), la situación de la acusada podría cambiar, pues el castigo sería de tres a diez años, pero en estos casos no lo presentan así haya casi 40 estafados. Cada víctima inició la demanda por su cuenta.

Literalmente, según la normativa para la ejecución de penas, son cinco años de cárcel para los delitos de estafa, pero en los hechos no es así, pues con tan sólo cumplir dos tercios de la pena (tres años y tres meses) podría salir en libertad; a esto se añade los beneficios de redención y extramuro.

Mendizábal explicó que una vez que la sentenciada esté libre, las víctimas podrán entablar un nuevo juicio de reparación de daño ante un juzgado de sentencia. ¿Pero si no tiene con qué devolver? “Es una total injusticia para la víctima”, respondió.

Cuando Dávila fue aprehendida se estimó que podría haber recibido por anticréticos alrededor de $us 250 mil, pero después se habló de mucho más dinero.

De hecho, la acusada no sólo tiene un proceso sino varios. Entonces, qué pasará con las demás sentencias? se le consultó a Mendizábal.

Conforme vayan saliendo las sentencias por el mismo delito, la acusada las irá cumpliendo de manera paralela; es decir, que si la primera sentencia por cinco años de cárcel salió, por ejemplo, el 6 de febrero de 2018, los cinco años se cumplen el 6 de febrero de 2023; pero si otra sale el 23 de marzo del mismo año el cumplimiento de la condena será el 23 de marzo de 2023 y así sucesivamente.

mg