Video

La Alcaldía de Cochabamba sumó al menos 43 auditorías, considerando las iniciadas en 2015 hasta las que se deben resolver este 2018.

El director de Auditoría Interna de la Alcaldía, Erick Bustos, informó que se trata de procesos programados y no programados dentro el plan anual. Para este año, hay 26.

Los casos son rutinarios y otros involucran a funcionarios en supuestos actos de corrupción.

Bustos informó que hay 26 procesos para resolver este 2018. De estos, 20 fueron programados para este año y seis son de seguimiento del pasado año.

Entre las auditorías previstas para este año están, “por mandato legal”, la referida a la confiabilidad de estados financieros del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Se debe emitir un informe interno y la opinión del auditor hasta el 28 de febrero para la remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

De acuerdo a la Ley Financial, está en marcha una auditoría especial a las planillas salariales de 2017. “Se tiene que hacer cada año. Todos los municipios tienen que planificarla”.

Por lineamientos establecidos por la Contraloría General del Estado, se debe considerar el cumplimiento del proceso administrativo que tienen los servidores públicos de presentar sus declaraciones juradas anualmente.

“También hay auditorías operativas para medir la eficiencia, la eficacia, la efectividad y la economicidad para optimizar los recursos financieros”.

Entre estos procesos operativos están los relacionados a la contratación de bienes y servicios. “Vamos a ver cuál es el motivo de la tardanza en algunos procesos, en base al Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Dirección de Auditoría Interna”.

Como una forma de seguimiento y para que se ejerza la fiscalización hacia el Ejecutivo, la Contraloría suele enviar notas al Concejo Municipal.

De acuerdo a los reportes del Órgano Deliberante, entre 2010 y 2015, el Concejo recibió 85 notas de la Contraloría. En la actual gestión, entre 2015 y 2017 sumaron 53 notas. Solo en la gestión del presidente Iván Tellería, desde junio de 2017 a la fecha, llegaron 24 notas.

Además del seguimiento a temas administrativos y solicitudes de informes, entre los repostes de trámites de la Contraloría se incluyen temas referidos a la peatonalización de la Plaza 14 de Septiembre, caso iniciado en 2016; informes sobre el paso a desnivel de las avenidas Independencia y 6 de Agosto, también de 2016; y el caso de la recuperación , mejoramiento y preservación de la laguna Alalay.

También están el caso de la contratación de seguros en la Alcaldía, control de contratos, proyectos de asfaltado de vías y uno específico del Concejo, sobre el arreglo de la sala de sesiones, y la adquisición de vehículos y computadoras.

El concejal de Unidos por Cochabamba (UNICO), Edwin Jiménez, explicó que el Legislativo municipal no cuenta con una unidad de auditoría.

Por tanto se asumen determinaciones en base a los reportes del Ejecutivo.

“El reglamento establece que todo informe de auditoría que revele actos irregulares o daño económico al municipio que merezca sanciones legales deberá ser remitido al Concejo Municipal, a través del Alcalde”.

Existen unas seis auditorías pendientes. “Vamos a tratar de terminar este año. Están dentro las auditorías no programadas”.

Un caso que resalta es el de las Tarjetas de Operación Municipal (TOM). El Director de Auditoría Interna explicó que son documentos que solo pueden recibir quienes son (conductores) del sector público, de micros y trufis que dependen de Cercado.

Esta tarjeta les da el beneficio del 50 por ciento de descuento en sus impuestos.

“Hemos detectado que se ha entregado a personas que no tenían esa competencia y que han gozado de este beneficio con algún documento que no era el que correspondía”.

Desde la Contraloría, llegaron cuatro notas en 2017. Una estuvo referida al desayuno escolar, que fue observado por supuestas irregularidades en la contratación.

Otra fue por el supuesto sobreprecio en la contratación de seguros para bienes muebles e inmuebles.

El posible “mal manejo de combustible” y supuestos retrasos en procesos de contratación, por no haber cumplido el procedimiento, fueron otros casos.

Para este año, se incluyen informes devueltos por la Contraloría y otros que, “por falta de profesionales”, no se terminaron y en los que existen indicios de responsabilidad civil.

Uno de los casos es la supuesta irregularidad en el manejo de medicamentos del centro de salud Pucarita, en el sur de la ciudad.///