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El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, señaló el jueves que por una decisión política de Estados Unidos no se viabiliza la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, acusados por la masacre de octubre de 2003.

"Lamentablemente, por una decisión política los Estados Unidos no autoriza la extradición de Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín", dijo en conferencia de prensa.

El juicio contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín comenzará el 5 de marzo en el tribunal federal de Fort Lauderdale, en el norte de Miami, y se prolongará dos semanas, según los medios locales.

Arce dijo que se prevé que el juicio civil de derechos humanos, contra ambas exautoridades bolivianas, sea un avance para que el poder político estadounidense viabilice sus extradiciones a Bolivia.

"El Gobierno de los Estados Unidos, viendo que su propia justicia, un propio juez federal de la Corte del Distrito, James Cohn, de Miami, Florida, haya tomado la decisión de procesar, hagan conciencia y finalmente disponga la extradición de Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, para que vengan aquí a Bolivia y sean juzgados por los delitos cometidos de lesa humanidad", dijo.

Según una nota institucional, lamentó que el proceso contra ambas exautoridades fuera "bloqueado", por una supuesta actitud cómplice del Gobierno de Estados Unidos, pese a la insistencia, pedidos y gestiones que realizó el Gobierno boliviano y la Fiscalía General del Estado.

"Es una situación que ofende a los bolivianos", agregó.

Arce explicó que el juicio civil de Estados Unidos contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, es una demanda muy diferente al juicio de responsabilidades instaurado contra las dos exautoridades, en el que también están involucrados cinco exmiembros del Alto Mando Militar y los ex ministros Erick Alberto Reyes Villa Bacigalupi y Adalberto Kuajara Arandia, el primero recuperó su libertad en diciembre de 2011 y el segundo falleció en febrero de 2013. 

"No por el paso del tiempo, no por condiciones políticas, estas situaciones deben quedar en la impunidad. Tiene que haber una sanción y el derecho a saber la verdad de lo ocurrido en esos hechos fatídicos de octubre de 2003", manifestó.

Recordó que la solicitud del proceso civil empezó en 2007, cuatro años después de que Sánchez de Lozada abandonara el país tras la caída de su gobierno. 

"Un grupo de 10 familiares de las víctimas decidió iniciar este juicio", complementó.

En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta social con un despliegue de militares en las ciudades de El Alto y La Paz, la represión provocó la muerte por bala de 67 personas y más de 400 heridos.

Sánchez de Lozada y varios de sus ministros huyeron de La Paz rumbo a EEUU y para evadir procesos por delitos de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta y homicidio.

El caso Mamani versus Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, según el portal Centros de Derechos Constitucionales, fue instalado por las familias de nueve bolivianos muertos por fuerzas militares bajo el argumento de que el exmandatario y sus colaboradores planificaron una matanza extrajudicial.///